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OPINIÓN
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Perspectivas

Nacho G. Pandavenes

Oviedo (Asturias)España, 1976. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Se incorporó a Infodefensa.com  en febrero de 2015. Anteriormente trabajó en los periódicos La Nueva España y La voz de Asturias, además de en diversas revistas especializadas en Industria y Política. También ha sido miembro fundador de la revista Atlántica XXII y contertulio en los debates de Radio Parpayuela.


México, un país en guerra... ¿civil?

19/03/2019 | Madrid

México necesita ser un país seguro para ser un país estable y necesita ser estable para poder crecer y ocupar el lugar que le corresponde por potencial. El nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, parece tener un plan para conseguirlo, un plan que se cimienta en varios pilares, el más relevante de ellos es la creación de una fuerza de seguridad híbrida militar-civil: la Guardia Nacional. El modelo más cercano, según el propio presidente mexicano, es la Guardia Civil española. Los otros dos grandes pilares de la pacificación mexicana son la creación de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Es relevante destacar que la creación de la Guardia Nacional no es una promesa de campaña del recién elegido presidente. De hecho, la promesa era precisamente todo lo contrario, retirar a los militares de las calles. Un cambio de postura que ha desatado la polémica en un país donde esa presencia militar en labores policiales ha sido ligada muchas veces a ejecuciones, torturas y desapariciones. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han puesto el grito en el cielo. López Obrador cimienta su decisión en la “descomposición” de las organizaciones policiales existentes y su falta de capacidades, algo que como candidato no vio.

Lo que todos aceptan es que la crisis de seguridad en México se ha convertido en los últimos años en un problema muy serio. El anterior presidente, Enrique Peña Nieto, dejó un país sumido en una desigualdad que según la OCDE es de las más marcadas de la región, un país que figura como uno de los más violentos del mundo con decenas de miles de asesinatos anuales (en 2018 se registraron tasas de 25 crímenes por cada 100.000 habitantes en meses como junio y en el cómputo anual se registró un aumento de los homicidios de un 15% respecto a 2017). En este contexto, se entiende que las mayores preocupaciones de la población, según las encuestas de finales de 2018, se centren en la inseguridad, la corrupción y la pobreza.

Está claro que el sistema no funcionaba, la lucha contra la droga iba de pena, las fuerzas de seguridad no eran de fíar, la resignación ciudadana ante la delincuencia iba en aumento… En ese contexto Peña Nieto defendió hasta el último momento la salida de las Fuerzas Armadas (FFAA) a la calle para hacer de policías (Jair Bolsonaro acaba de tener la misma ocurrencia en Brasil).

El nuevo gobierno entró con la promesa de cambiar el statu quo, perseguir la corrupción y castigar el delito, “revanchismo” fue la palabra más utilizada entre la oposición. Preocupante tanto si es verdad como si no. Si es verdad preocupa la aberración de las prioridades del nuevo gobierno. Si no lo es preocupa la autoinculpación de los denunciantes en aquello que los denunciados prometen erradicar. Habrá que esperar a que el tiempo decida.

El cambio del statu quo pasaba por revisar las políticas contra la violencia. El regreso de las FFAA a los cuarteles parecía obvio si de lo que se trata es de dar estabilidad al país. Obviamente un país militarizado no ofrece demasiada confianza. Pero ocurrió algo. En cuanto López Obrador se sentó en el sillón presidencial cambió de idea. Y eso asusta. Y me explico. Partamos de que las FFAA están para defender al país de un enemigo, pero resulta que el gobierno decide sacarlas a las calles pese a la terrible imagen internacional que dicha decisión ofrece. Cambia el gobierno con la promesa de devolverlas a los cuarteles y recuperar al menos cierto prestigio, pero en cuanto el nuevo toma posesión vuelve a sacarlas. ¿Por qué? La respuesta parece clara. La situación es mucho más grave de lo que parece. Cuando se envía a soldados a vigilar a los ciudadanos es que entre ellos está escondido el enemigo. Y eso se parece mucho a la definición de guerra civil.

Aún así López Obrador ha querido matizar la militarización del país con la construcción de una fuerza nueva a las órdenes de un mando civil, y con una fecha de caducidad de la vigilancia militar en las calles señalada a cinco años.

Los pasos ya están dados. El Senado ha dado luz verde a los cambios necesarios para implantar la Guardia Nacional y el presupuesto para este año está listo, unos 767 millones de dólares. Habrá 85 batallones repartidos por todo el país con entre 400 y 600 guardias cada uno que, hasta que se construyan sus cuarteles, compartirán espacio en las bases del Ejército mexicano.

En cuanto a su organización, la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y estará sujeta a una doctrina netamente policial. Su mando será civil, pero contará con coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas. Estará integrada miembros de la Policía Federal, Militar y Naval más los civiles que están siendo reclutados. Junto a esto, la idea es que el sueldo sea lo más decente posible para prevenir la compraventa de fidelidades. El armamento mezclará sistemas letales con no letales. Su potencia de fuego será menor que la que pueda tener la delincuencia organizada debido a que la ley en México establece que solo las FFAA pueden usar armas de gran calibre.

Aunque con la Guardia Nacional López Obrador se marca cierto continuismo, el nuevo presidente mexicano parece querer romper con el pasado en todo lo que pueda y centrar el resto de su política contra la violencia en la máxima del Talmud que reza “Sé flexible como un junco, no tieso como un ciprés”. Es decir, lo contrario a lo que se ha hecho hasta ahora. Esta postura del nuevo gobierno comenzó con la frase “Olvido no, perdón sí”, que buscaba una reconciliación pero que en realidad desató las iras de los familiares de desaparecidos. Una segunda medida pasa por cortar con la política de guerra dura al narco iniciada por Felipe Calderón y que no ha funcionado demasiado bien. La nueva postura pasa por liberalizar el uso de ciertas drogas, como el cannabis, o la legalizar cultivos de amapola para orientarlos a la farmacología.

Habrá que ver si funciona.

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