La firma del contrato entre el Ejército brasileño y la empresa italiania CIO, compañía que resultó vencedora en la licitación para la compra de 98 vehículos de combate 8x8 con su modelo Centauro II, estaba prevista para ayer, sin embargo una medida cautelar, presentada un día antes, frenó el proceso de manera inmediata.
La acción popular que desencadenó la paralización de la licitación fue presentada por Charles Capella de Abreu, quien formó parte del gobierno de la expresidenta Dilma Roussef, ante el Tribunal Regional Federal de la I Región (TRF-1) y avalada por el juez Wilson Alves de Souza.
“La referida compra, cuando se apagan las luces del actual Gobierno y ante el estado calamitoso en que se encuentran otras áreas de mayor urgencia, representa una verdadera violación de la moral pública", sostiene la demanda. Cappella afirma que la mitad de los 5.000 millones de reales (946 millones de dólares) a los que, según él, ascendería el contrato proviene de recortes en otras áreas, como Salud (272 millones de dólares) y Educación (264 millones de dólares).
Por su parte, el juez avaló los argumentos de Cappella. "En este contexto, se ve claramente que el acto atacado no responde a los supuestos de conveniencia y oportunidad, pues se evidencia la falta de razonabilidad, el desvío, la ilegalidad y hasta el elemental sentido común, pues no cabe otra calificación cuando al mismo tiempo que se recortan los presupuestos de educación y salud por falta de dinero, si se pretende comprar armas en tiempos de paz", sostuvo el magistrado en la medida cautelar.
Blindado Centaruo II. Foto: Iveco
El pasado 25 de noviembre, el Ejército dio a conocer el resultado de la ahora paralizada licitación, en la que el blindado Centaruo II, del Consorcio CIO (conformado a partes iguales por Iveco y Leonardo), se impuso a los modelos LAV 700 de General Dynamics Land Systems y ST1-BR de la firma china Norinco.