Los astilleros españoles Cardama construirán los dos OPV de Uruguay por 82 millones de euros
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Los astilleros españoles Cardama construirán los dos OPV de Uruguay por 82 millones de euros

Las OPV cuentan con tecnología de la empresa española Escribano: el sistema de observación Oteos y tres estaciones de armas Sentinel
Cardama
Render del nuevo OPV elegido por Uruguay y proporcionado por el Ministerio de Defensa de Uruguay
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El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, informó durante una rueda de prensa de que el Gobierno uruguayo finalmente ha decidido adquirir dos OPV al astillero español Cardama por un total de 82,2 millones de euros por ambas naves. El ministro destacó que la oferta elegida fue la más económica de todas y que, además, es la que propone la entrega de los buques más rápida. El primero llegará en el primer trimestre de 2025 y el segundo al final de mismo año.

Los buques desplazan un total de 1.700 toneladas con 86,74 metros de eslora, 12,2 de manga y 3,60 de calado. Poseen un sistema de gestión de combate y estarán armados con un cañón principal de 30 mm (escalable a 40 mm simplemente cambiando el tubo) y armamento secundario de 12,7mm. La nave posee hangar y plataforma de vuelo para operar helicópteros Agusta Bell 412.

Las dos OPV también llevan tecnología española, concretamente de la empresa Escribano, que confirmó a Infodefensa.com que cada buque contará con un sistema de observación Oteos N y tres estaciones de armas remotas: una Sentinel 30 y dos Sentinel 2.0 de 12,7 mm.

La decisión llega tras más de una década de búsqueda, con múltiples ofertas y selecciones técnicas que llevaron a varias disputas y quejas, tanto de astilleros privados como estatales y también presiones diplomáticas que cuestionaban el proceso de selección y potenciales influencias externas.

A partir de la comunicación oficial ahora queda por delante el proceso de negociación del contrato de adquisición, proceso que puede llevar algunos meses. El gobierno uruguayo debe cerrar la compra este año porque el siguiente, al ser año electoral, no permite que el Estado uruguayo contraiga deudas que se extenderán más allá del período actual de gobierno. 



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