Fuerte inyección económica del Gobierno al CNI y al Centro Criptológico Nacional para reforzar el espionaje español

Más allá de las grandes partidas presupuestarias para programas de armamento, en el escenario actual en el que la guerra híbrida cobra un papel fundamental es clave para el Gobierno contar con un servicio de inteligencia eficaz y capaz de anticiparse a las amenazas.

Esto se puso de manifiesto en el apagón del pasado lunes, ya que aunque de momento nada hace indicar que se tratase de un ciberataque, la comisión de investigación que ha decidido crear al Gobierno ha pedido al Centro Criptológico Nacional, órgano dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que analice cualquier posible anomalía.

Así, es importante el hecho de que el Gobierno haya decidido asignar al CNI en su aumento de la inversión en defensa este año una partida de 106,36 millones de euros. Según explica el propio programa, “el aumento del presupuesto del CNI refuerza su área de ciberseguridad y cooperación internacional, impulsando capacidades técnicas y tácticas con aliados, junto con más personal y presencia exterior”. 

Esto supone que esa partida millonaria no solo se empleará en mejores medios, sino en más medios humanos sobre todo para reforzar la presencia de la inteligencia española fuera de nuestros fronteras.

Actualmente, el Gobierno sigue con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, al no haber podido volver a aprobar unos nuevos ante su falta de mayoría parlamentaria suficiente. En dichos presupuestos, se destinaban 337 millones para el Centro Nacional de Inteligencia, un 4,6% respecto al año anterior. De esa cantidad, más de 216 millones iban destinados a gastos de persona. Esta nueva partida de 106,36 millones supone un incremento porcentual del 31,45%. 

El Centro Nacional de Inteligencia depende del Ministerio de Defensa e integra competencias que en otros países están asignadas a dos o más Servicios de Inteligencia. Actualmente cuenta con unos 3.000 hombres y mujeres que llevan a cabo labores de inteligencia tanto en España como fuera, especialmente en aquellos lugares más delicados para la política de nuestro país. 

El plan presentado por el Gobierno el pasado martes, además, incluye otro tipo de partidas que afectan al CNI, especialmente al Centro Criptológico Nacional, el organismo responsable de garantizar la seguridad de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones en las diferentes entidades de la Administración Pública, así como la seguridad de los sistemas que procesan, almacenan o transmiten información clasificada.

Los principales esfuerzos del CCN se encaminan a reducir los riesgos y amenazas provenientes del ciberespacio, a través de su Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información (CCN-CERT). Asimismo, trata de fomentar el uso de productos y sistemas seguros, ya que constituye el Organismo de Certificación (OC).

Hay una partida más amplia de más 661 millones para servicios de navegación y transporte aéreo prestados a organismos nacionales e internacionales, como Eurocontrol, la Agencia Tributaria, AENA o el CNI.

Pero mayor aún es la partida que va a parar al mencionado CCN: 376 millones que irán para la potenciación de ciberseguridad con inteligencia artificial y análisis de datos, mejora de infraestructuras y telecomunicaciones, evolución del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General, y desarrollo de criptografía postcuántica y capacidades forenses.