Perú despliega fuerzas especiales en Pataz para combatir a bandas criminales relacionadas a la minería ilegal

En conferencia de prensa, el ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, ha confirmado el despliegue de unidades de fuerzas especiales de los tres institutos armados al distrito de Pataz (región La Libertad). El personal trasladado tiene por objetivo trabajar en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y recuperar el control integral de la zona minera luego del asesinato de 13 personas en una bocamina, a manos de bandas criminales relacionadas a la minería ilegal.

El Gobierno de Perú ha creado el Comando Unificado de Pataz, aprovechando la experiencia acumulada en el Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) en la lucha contra los remanentes terroristas que aún operan en esa área, en sociedad con bandas del narcotráfico.

El distrito de Pataz se mantiene bajo Estado de Emergencia, y a partir del 9 de mayo se ha agregado un toque de queda vigente entre las 18:00 y 06:00 horas. También se han suspendido temporalmente las actividades mineras, perjudicando a las empresas formales y en proceso de formalización.

El Ministerio de Defensa del Perú desplegará progresivamente un contingente de 500 efectivos de fuerzas especiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea para sumarse al reciente despliegue de 1.000 efectivos policiales a Pataz para realizar operativos contra las bandas criminales que operan en la zona.

El ministro Astudillo ha informado que la estrategia que se implementa en Pataz no es solamente un despliegue policial y militar sino que se acompaña con intervenciones orientadas a apoyar el desarrollo sostenible y la prevención del delito, incluyendo la participación de otros ministerios, del Ministerio Público, municipalidades, organizaciones sociales y rondas campesinas.

En los próximos días, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas convocará a una mesa de diálogo con los actores sociales de la zona de Pataz para organizar a la población y empezar a quitarles espacios a las actividades de las bandas criminales que operan en sociedad con la minería ilegal.

A propósito de esto, Astudillo indicó: “En la medida que todos ellos contribuyan para que estas acciones de supervisión y control de las bocaminas se puedan realizar de manera rápida, las actividades extractivas y económicas se podrán retomar, pero siempre privilegiando el orden y la seguridad”.