La llegada puntual de fondos de Hacienda a Defensa podría reducir la importación y generar 6.375 empleos hasta 2029

La industria española del sector de la defensa vive un momento clave, gracias a unos presupuestos expansivos por la situación geopolítica internacional y por las exigencias de la OTAN y de la propia Unión Europea, que demandan una cada vez mayor capacidad de soberanía tecnológica y, de este modo, no depender de Estados Unidos.

Fruto de este contexto es el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado el pasado mes de abril para llegar al 2% del PIB español dedicado a este ámbito y que supone aumentar en 10.471 millones de euros el presupuesto ya existente.

Sin embargo, más allá de las grandes cifras y de las palabras de los políticos, las Fuerzas Armadas se enfrentan muchas veces a las trabas burocráticas y al funcionamiento del sistema por el que el Ministerio de Hacienda les hace llegar los fondos necesarios.

Ante esta situación, se encarga un estudio al Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), elaborado por los investigadores José Balibrea, Pablo Rodríguez Liboreiro, Antonio Fonfría y Carlos Calvo González-Regueral, que analiza en qué medida (en concreto se refiere a la Armada) la sustitución de compras en el extranjero por producción interna podría generar mayores niveles de renta, empleo e ingresos fiscales en nuestro país. 

Además, “permite identificar áreas de mejora para el caso español relacionadas con el marco normativo y la planificación de programas para la defensa” y proporciona “evidencia empírica para el diseño de políticas que optimicen la eficiencia del presupuesto y fortalezcan la industria nacional”.

Entrega de fondos "irregular" y "gradual"

Y una de las principales conclusiones que tratan de explicar por qué la Armada se ve obligada cada año a adquirir millones en material militar en el extranjero es que la culpa es de la entrega tardía e irregular de fondos presupuestarios. Es decir, el Ministerio de Hacienda no ingresa al de Defensa los fondos presupuestarios al inicio del año sino de manera "irregular" y "gradual", sin un compromiso o calendario de entrega.

El coste de esto no solo es económico, también afecta al empleo, la innovación tecnológica y la soberanía industrial.

Hacienda no entrega a tiempo los fondos asignados a Defensa, y el resultado es una paradoja que se repite cada año: mientras España refuerza su discurso sobre soberanía estratégica y apoyo a la industria nacional, sus Fuerzas Armadas siguen dependiendo de importaciones millonarias para cubrir sus necesidades más urgentes. 

Según el documento, esta falta de previsión impide a la Armada y otras ramas de las Fuerzas Armadas planificar con antelación sus adquisiciones, lo que las obliga a recurrir a canales de compra internacional como la Agencia de Adquisición y Apoyo de la OTAN (NSPA) o el programa de Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS). El motivo es simple: estos sistemas permiten depositar fondos con antelación y utilizarlos cuando estén disponibles, algo que no sucede en el sistema nacional por los rigores del marco normativo sobre contratación pública.

Fondos que llegan tarde y con condiciones

Al final, el objetivo de los responsables de las Fuerzas Armadas es mantener un equilibrio entre la eficiencia en la gestión de los fondos y la eficacia operativa y si en lugar de recibir los fondos presupuestados al inicio del ejercicio económico, el Ministerio de Defensa los recibe de manera "gradual", "fragmentada" y sin un calendario claro de entrega, esto acaba afectando a la mencionada eficacia operativa. 

Esta falta de compromiso temporal con el presupuesto hace inviable la gestión normal de adquisiciones nacionales, que requieren expedientes complejos, licitaciones y cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Comprar fuera por razones administrativas

“Si los fondos no están disponibles cuando hace falta iniciar los procesos de contratación, la única alternativa viable es la importación”, explican los autores. Así, aunque España dispone de capacidades industriales para producir parte del material demandado —como electrónica, sistemas auxiliares, simuladores o incluso armamento ligero—, muchas de estas compras se terminan adjudicando al extranjero simplemente por razones administrativas.

Esto se podría aplicar a repuestos para equipos de comunicación, repuestos para el material de campaña, medios de visión nocturna, munición, repuestos para vehículos de cadenas, drones… que sí podrían fabricarse perfectamente en España. En cualquier cosa, el hecho de que se adquieran a través de, por ejemplo, la NSPA de la OTAN, eso no quiere decir que empresas españolas no se puedan presentar a dichos concursos.

Evidentemente, hay otro tipo de adquisiciones que no queda más remedio que hacerlas fuera de España puesto que nuestra industria no tiene capacidad actualmente, como es el caso de los misiles antibuque o por tratarse de actividades en el exterior, como el apoyo logístico directo a los buques españoles en los puertos extranjeros.

Según el informe, "se observa que, de media, el 18 % de las compras en el extranjero que realiza la Armada cada año se deben a la disponibilidad volátil de los fondos financieros. En particular, la práctica totalidad de bienes y servicios auxiliares de la defensa que se importan es por este motivo". se observa que, de media, el 18 % de las compras en el extranjero que realiza la Armada cada año se deben a la disponibilidad volátil de los fondos financieros. En particular, la práctica totalidad de bienes y servicios auxiliares de la defensa que se importan es por este motivo". Esa cifra equivale a una media de 50 millones de euros al año entre 2022 y 2024, y podría superar los 100 millones en 2029 si no se modifica el actual modelo presupuestario.

10.755 puestos de trabajo hasta 2029

Pero el problema va mucho más allá de los millones gastados en el exterior. Según el modelo económico input-output utilizado en el estudio, “el aumento esperado en el gasto en defensa, el empleo de trabajo implicado en una eventual sustitución de compras en el extranjero por producción doméstica podría llegar a ascender a 10.755 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2029. Esto es prácticamente el doble que en 2022. De estos puestos de trabajo, algo más de la mitad (6.375) serían trabajadores de la industria de la defensa o de la industria que provee de materias primas y suministros a la industria de la defensa, mientras que el monto restante (4.380) serían trabajadores empleados en la industria civil o en los servicios dedicados a proveer la mayor demanda interior inducida por el mayor nivel de empleo”.

Estos empleos se generarían, sobre todo, en industrias estratégicas como la fabricación de misiles, sistemas electrónicos o simuladores. Además, se incrementarían los ingresos fiscales en más de 30 millones de euros anuales y se impulsaría una cadena productiva con importantes efectos multiplicadores en la economía nacional.

En cualquier caso, el informe también es consciente de la situación industrial de algunos sectores en España y explica que “es sabido que una parte importante de las compras en el extranjero que cada año realiza la Armada se debe, precisamente, a que no hay capacidades industriales domésticas disponibles para satisfacer su demanda. Esto es evidente en el caso de la producción de misiles y torpedos: la industria nacional, que apenas emplea 300 trabajadores en este subsector, según datos de la DGAM, no tiene capacidades tecnológicas e industriales suficientes para abastecer más que una pequeña parte de la demanda nacional”.

La paradoja de la dependencia exterior

Resulta llamativo que España siga sin resolver este lastre estructural. De hecho, el documento del IEEE advierte de que esta dinámica pone en peligro el desarrollo de sectores emergentes de la industria nacional que podrían aprovechar economías de escala, como el de simulación o misiles. En lugar de fomentar el learning by doing necesario para consolidar capacidades tecnológicas, se exporta la demanda a países socios, pero competidores.

El informe concluye que este modelo no solo limita el potencial de crecimiento de la industria española, sino que debilita la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas. “Cada euro que se gasta en el exterior es un euro que no genera empleo aquí, que no mejora nuestra base tecnológica y que no fortalece la cadena de suministro nacional”, señalan los autores.

La principal carencia identificada en el modelo español es, según el informe, “la falta de una norma con rango de ley que garantice la estabilidad y continuidad en la financiación de la defensa a largo plazo, independientemente de los cambios de Gobierno y ciclos políticos. Se trata de una ley específica que permita la planificación plurianual de las capacidades estratégicas de sus fuerzas armadas, asegurando la sostenibilidad de los programas de adquisición de material y el mantenimiento operativo. La elaboración de esta ley representaría una reforma estructural imprescindible para garantizar la sostenibilidad del modelo de defensa en España”.

Alternativas: ¿qué hacen otros países?

El estudio realiza también una comparación con los marcos normativos de países como Francia, Alemania o Noruega, que han implementado mecanismos como leyes de programación militar plurianual o fondos de inversión específicos para garantizar la previsibilidad presupuestaria. En España, sin embargo, el sistema actual depende del ciclo presupuestario anual, sin herramientas de planificación a largo plazo ni procedimientos adaptados a las necesidades de contratación de Defensa.

Una de las soluciones propuestas en el documento pasa por extender el uso del procedimiento de “asociación para la innovación”, previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, pero apenas utilizado hasta ahora, y por diseñar un marco financiero plurianual que permita a las Fuerzas Armadas disponer de fondos desde el inicio del año.

También se habla del "reforzamiento de un organismo público ya existente y adscrito al Ministerio de Defensa, como es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)", que podría aportar un marco de gestión dotado de mayor flexibilidad, ya que "cuenta con la posibilidad de que los remanentes de tesorería al cierre del ejercicio se apliquen al presupuesto de ingresos del ejercicio siguiente". Además, tiene ya la estructura, los medios (humanos y materiales) y los procedimientos que minimizarían el coste y el tiempo del cambio en la forma de gestión de los recursos destinados a Defensa.

Un debate estratégico ineludible

La pregunta de fondo, advierte el IEEE, no es solo técnica, sino política: ¿debe España seguir sacrificando su base industrial por una mayor flexibilidad fiscal? ¿Tiene sentido hablar de autonomía estratégica mientras se consolidan mecanismos que perpetúan la dependencia tecnológica exterior?

El informe no da respuestas cerradas, pero sí aporta evidencia empírica para alimentar un debate urgente: el de cómo alinear la política fiscal con la política industrial y de defensa. Y lanza una advertencia clara: sin previsión financiera, no hay soberanía tecnológica.