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OPINIÓN
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Firma Invitada

Sergio Araujo

Analista de geopolítica y asuntos de seguridad y defensa. Fundador y directivo del Centro Democrático. Exsenador del partido de gobierno.


Las capacidades de defensa colombiana

02/07/2020 | Bogotá

Hace seis años en la efervescencia de los diálogos entre el Gobierno y las FARC en La Habana, muchos especulaban sobre el nuevo papel que debían asumir nuestras FFMM en la supuesta era del postconflicto, cuando ya los entusiastas del proceso con la guerrilla, vaticinaban el fin de la larga página de lucha antisubversiva. Algunos indicaron que ser admitidos en la OTAN era una necesidad pues ya las capacidades operativas antisubversivas quedarían desuetas, había que encontrar un nuevo rol e incluso llegaron a decir que nuestro Ejército padecía de gigantismo y era necesario pensar seriamente en reducirlo.

El pacto del Colón fue firmado a la fuerza tras burlar el resultado adverso en las urnas que debía sellar democráticamente el compromiso de paz, aunque lo evidenciado hubiera sido el rechazo mayoritario a los términos capitulantes aceptados por Santos. Como sea, los comandantes de las FARC ganaron, y obtuvieron sus curules en una especie de plan de retiro burocrático de la vieja dirigencia, que pasó dignificada a jubilación con altos salarios y fuero congresional. No obstante el decurso de los días mostraría el largo trecho entre las prebendas otorgadas y la paz.

Como parte de lo pactado y no escrito, o por la inercia desatada por la retórica del proceso con la guerrilla, las Fuerzas Militares comenzaron a resquebrajarse. La moral de los altos oficiales empezó a derretirse en la fragua que se fundían los beneficios del enemigo histórico. Más de 4.000 militares presos en contraste con 5.000 desmovilizados beneficiados con decenas de prebendas e impunidad, amparados en la JEP, una jurisdicción legal hecha a la medida de sus necesidades judiciales y moldeada por ellos mismos. Todo eso, causó en las fuerzas un desdibujamiento de las convicciones asentadas por décadas de confrontación con un enemigo que jamás dio tregua y combatió a las tropas institucionales usando las más indignas herramientas: minas quiebra-patas, "tatucos" con metralla infectada con estiércol, emboscadas, secuestros, torturas, y todo tipo de vejámenes, todos olvidados por el alto gobierno en un santiamén, mientras los mutilados y traumatizados contemplaban perplejos la lista de beneficios para sus victimarios. Sostener el liderazgo e inculcar coerción no era fácil así, y el Ejército –sobre todo- se fracturó en facciones.

Carrera armamentista Venezolana

 

La tarea del gobierno de Iván Duque no era fácil. Mientras que el presupuesto requería imaginación para sostener la operatividad, la amenaza de una Venezuela navegando en una grave inestabilidad política, pero híperarmada con más de 30.000 millones de dólares en adquisiciones militares a Rusia y China, planteaban la necesidad de diseñar e implementar un esquema estratégico de defensa disuasiva. No era -ni es- realista, embarcarnos en una carrera armamentista, no obstante, ¿Cómo podría Colombia no dotarse de defensa antiaérea con la amenaza formal de militares y políticos venezolanos especulando abiertamente con desintegrar nuestras refinerías con sus letales aviones Sukhoi? ¿Cómo ignorar la existencia de más 300 tanques y vehículos de combate de infantería de última generación cuyo único objetivo potencial puede ser Colombia? ¿Cómo hacernos los de la vista gorda ante la desestabilizadora presencia en Latinoamérica de baterías misilisticas S-300 rusas, que solo Venezuela y ningún otro país del continente tiene? ¿Cómo no ver la adquisición de naves marítimas de transporte y desembarco de tropas de infantería, decenas de helicópteros de ataque y transporte, y todo tipo de armas? Las compras y el despliegue armado venezolano, al lado de una retórica agraviante y sostenida contra nuestro país, por parte del gobierno chavista, hacía obligatorio considerar un robustecimiento disuasivo de nuestras capacidades de defensa.

Al mismo tiempo, en el frente interno, la ilusión de una paz rural fruto de los acuerdos con las FARC, rápidamente empezó a diluirse. Con las inmensas ganancias del incremento cercano al 300% en las áreas sembradas de coca a cargo de las FARC, un fuerte contingente de éstas se quedó en el negocio del narcotráfico, y se quedó de paso con las manías de control territorial armado y su vocación de influencia política y administrativa en los municipios y zonas donde despliega su actividad principal que son los cultivos y comercialización de coca en sociedad con la mafia mexicana, que ya no solo compra sino que invierte, viene, opina e influye en asuntos de soberanía y control territorial colombianos.

En síntesis, la amenaza externa se ha perfilado por cuenta del régimen chavista, un vecino provocador, inestable, armado, lenguaraz y con grandes necesidades de acciones que pudieran distraer a su población de las calamidades sociales. El peligro real es que para apaciguar las confrontaciones socio-políticas internas, Venezuela pudiera optar por conducir una agresión de mediana escala que desencadenaría en un incidente militar con nuestro país, de consecuencias inciertas, alentado por el conocimiento del gobierno de Maduro sobre la cierta incapacidad de defensa militar colombiana ante las armas del régimen populista, pues en lo que va corrido de éste gobierno se ha afianzado casi que como una política, la creencia de que el único factor militar disuasivo necesario reposa en una alianza militar tácita pero histórica con los Estados Unidos, sobre la cual Colombia ha renunciado a invertir en pertrechos y capacidades que pudieran desalentar un intento de irrupción bélica en nuestro territorio. Lo cual es incomprensible si tenemos en cuenta que lo responsable habría sido dotar a la caballería y artillería de armas que contrarrestaran tanques y aviación. El costo de una suficiente dotación defensiva es infinitamente menor que el del armamento venezolano, y en nada implica adentrarnos en una carrera armamentista contra el régimen corrupto que reina al lado. Sin embargo, si enviaría el mensaje de que nuestro país cuenta con la preparación militar para efectivamente neutralizar cualquier agresión.

Construir capacidades

 

Modernizar los vehículos blindados M113, dotándoles además de torretas para misiles Spike antitanques de 8 kmts, aumentar el número de helicópteros Arpía -ojalá hasta 30- armados también con el eficaz Spike NLos de 25 kmts y estructurar un par de divisiones de caballería ligera con vehículos livianos tipo Hummer, que pudieran inutilizar ágilmente con misiles antitanque de corto alcance una indeseable incursión de los tanques anfibios chinos, de los AMX30, o de los mortíferos y modernos T72 rusos, que pudieran entrar a La Guajira, sería suficiente para hacer totalmente improbable que se animaran a pasar la línea fronteriza.

Así mismo, proteger con baterías de misiles antiaéreas, las dos refinerías, y las bases de Palanquero, Apiay y Malambo, al igual que otros puntos estratégicos resulta un mínimo vital, que inexplicablemente el Ministerio de Defensa Nacional ha renunciado a estructurar, pues considera con insólita ingenuidad que la presencia norteamericana en el Caribe es suficiente.

En el teatro de operaciones interno las cosas son más complejas: en el gobierno Santos por concesión a la izquierda organizada o por hacer cuentas alegres, se empezó a desmantelar la concepción estratégica antisubversiva, empezando por el debilitamiento de las capacidades de inteligencia. Pero en los últimos años las fuerzas irregulares se rearmaron alrededor del narcotráfico y la minería ilegal, y tenemos hoy un complejo frente de acción cuya contraofensiva pareciera estar al garete pues el ministerio de defensa se ve despistado y pareciera no entender qué hacer ante la dimensión del problema, en una lentitud burocrática y de oficina que sin buscarlo coadyuva el avance de la ilegalidad que nos reta a diario.

La desideologización de las bandas armadas podrían facilitar una acción ofensiva de policía y una orden de batalla general, pero el Gobierno se deja llevar sistemáticamente a los terrenos de la ideología y permite que coexistan, desde supuestas disidencias de las FARC, un ELN robustecido y feroz, bandas de narcotráfico que son pequeños ejércitos -como Rastrojos, Pachenca, Pelusos, entre otros- cuadrillas urbanas con jerarquías y estructuras de comando y control, hasta oficinas de cobro diseminadas por todo el territorio nacional que imponen su ley e intervienen en asuntos de orden ciudadano alterando el discurrir institucional, con frecuencia suplantándolo.

¿Qué hacer?

 

Hay opciones, pero ninguna implica mantener la situación de avance de los fenómenos armados ilegales frente a la lenta reacción del aparato armado de las FFMM dirigidas desde un Midefensa que no halla su papel en el teatro real de inseguridad nacional.

Si hubiera plena capacidad presupuestal, sería el momento para pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior y dotarla materialmente de prestaciones para acciones operativas urbanas y rurales, potenciando sus dispositivos de inteligencia cibernética y respuesta armada para combatir las bandas de narcos que se nutren de 220 mil hectáreas de coca e invierten y ganan en minería ilegal, para así entregarles la tarea de eliminar su operación y judicializarles bajo el entendido que la capacidad aérea y terrestre de la policía debe tener letalidad suficiente para reducir, diezmar y de ser necesario, eliminar las poderosas bandas uniformadas que defienden campos de coca y minas de oro, coltán y todo tipo de explotaciones ilegales.

Al mismo tiempo, unas fuerzas militares bien dotadas y no necesariamente con el número de hombres que tiene hoy, sino enteramente profesionales, podrían concentrarse en defender fronteras terrestres, aéreas y marítimas, identificando y adquiriendo un poder de respuesta eficaz y contundente ante las claras amenazas de un vecino hostil cuyas herramientas de agresión deben ser identificadas y contrarrestadas con una capacidad de respuesta que las neutralice por completo, sin renunciar a interactuar con la Policía en una sinergia de inteligencia y acciones que permitan al estado recuperar el monopolio de la fuerza, hoy lamentablemente disputado por una ilegalidad que tiene muchas cabezas e inmensos recursos económicos, y dos largos brazos que se apoya en los carteles mexicanos y la banda de ladrones que desde hace 20 años saquea y oprime la nación venezolana.

 

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