El nuevo Gobierno y la seguridad europea

Los ataques de París han puesto de relieve la amenaza que el islamismo radical presenta para Europa y la necesidad de potenciar las estructuras y recursos dedicados a Seguridad y Defensa. Una situación que ya se había manifestado desde la Alianza Atlántica tras la cumbre de Newport, donde en resumen se planteaba una mayor implicación europea en la lucha global contra el terrorismo yihadista y el renacer del expansionismo ruso. Ambos factores son percibidos de forma diferente por los países miembros de la Unión pero que hay que atender de forma solidaria.

Tanto el Reino Unido como Alemania han mostrado su disposición a una mayor participación en las operaciones contra el Estado Islámico. Los países nórdicos han anunciado su intención de incrementar su esfuerzo defensivo para afrontar posibles situaciones de inestabilidad en Europa Oriental. Es un factor especialmente sensible en algunos países, como Polonia, que realizan un importante esfuerzo en recursos dedicados a defensa. Por su parte, Francia está asumiendo un papel protagonista que tendrá dificultades de prolongar en el tiempo sin ayuda, y está pidiendo apoyos para liberar fuerzas en el África Subsahariana.

Los llamamientos de nuestros aliados a una mayor implicación española quedaron pospuestos por la convocatoria electoral. La situación que refleja el panorama político interno no permite aventurar, hasta que se forme gobierno, una respuesta desde Madrid de forma inmediata. Pero España no es ajena a las amenazas que afectan a Europa. No vivimos en una isla que nos permita obviar una amenaza que ya hemos sufrido en nuestras carnes, ni unos compromisos que tenemos contraídos desde hace años, cuando la integración de España en las organizaciones europeas, incluidas las de seguridad, se planteó como una muestra de normalidad tras largas décadas de “espléndido aislamiento”.

Reiteradamente hemos planteado desde aquí que en nuestro país la defensa no ha sido un factor prioritario para nuestros dirigentes. Previsiblemente, las conversaciones, sin duda complejas, entre las diferentes fuerzas políticas para formar gobierno no contemplarán entre los aspectos prioritarios nuestro papel en el marco global de la seguridad europea. También señalábamos aquí que, sin embargo, una de las líneas básicas de consenso entre tres de los cuatro partidos principales que conformarán el futuro Parlamento giraba sobre nuestro “compromiso con nuestros socios y aliados” (PP), la contribución española a una “defensa común eficaz a nivel europeo y reforzar el pilar europeo de la Alianza” (PSOE) y el “refuerzo de nuestra participación en misiones internacionales” (Ciudadanos).

Esta convergencia de intereses contrasta con el llamamiento a “neutralizar el papel desestabilizador de la OTAN en Europa del Este”, proclamar la libre determinación del Sáhara o la “revisión” de las relaciones con Marruecos, incluyendo el derribo de las vallas de Ceuta y Melilla, que se hacen desde Podemos. Unos llamamientos que no afectan solo al esquema de defensa español y a nuestra seguridad, sino también a las del conjunto de Europa.

Desde la Comisión se han producido “avisos a navegantes” recordando la obligatoriedad del cumplimiento de los objetivos macroeconómicos y la necesidad de realizar ajustes adicionales, sea cual sea el gobierno que resulte tras el 20D. Sin embargo, no hemos visto referencias a la necesidad de cumplir con el mismo rigor y seriedad las obligaciones en materia de seguridad y defensa. Y hay que tener en cuenta que, dependiendo de hacia dónde se vuelque el peso de la balanza a la hora de formarse nuestro futuro gobierno, la seguridad europea puede verse afectada.

España puede y debe contribuir a reforzar la seguridad europea y no plantear situaciones que incrementen el riesgo global. Si Bruselas ha consentido una revisión de los objetivos macroeconómicos franceses tras su respuesta a los ataques de París, no sería ilógico plantear algo similar si España realizase un mayor esfuerzo en política de seguridad y defensa. A lo mejor nuestro papel en defensa y seguridad común puede ayudar a “flexibilizar” posturas en las autoridades económicas de la UE.

Por otra parte, los acuerdos bilaterales con Estados Unidos han permitido una potenciación de las bases de Rota y Morón. Unas bases españolas, aunque con posibilidades de utilización conjunta, cuyo régimen de funcionamiento quedó “normalizado” por el convenio bilateral de 1989 firmado por un gobierno socialista. Con el amparo jurídico de ese convenio y bajo el mismo gobierno, España facilitó un importante apoyo a las fuerzas norteamericanas durante la primera guerra del Golfo entre agosto de 1990 y primavera de 1991. La actual colaboración española permite la puesta a disposición de las fuerzas norteamericanas de unas instalaciones estratégicas, así como la participación en el esquema global de defensa contra misiles balísticos. Ambos factores, realmente estratégicos, estarán en juego si al final se permite la entrada en el gobierno de un partido que considera las “bases estadounidenses” y el “escudo antimisiles” como un “riesgo para la soberanía española y la seguridad europea”.

La solución no nos vendrá desde Bruselas, Washington, París o Berlín. Pero tanto europeos como norteamericanos deberían seguir con atención las conversaciones para formar gobierno en España y sus posibles efectos sobre la seguridad global, porque no es solo la economía la que puede verse afectada por sus resultados.