Una Estrategia Industrial que se hace esperar

El componente industrial de la política de defensa ha constituido una de las líneas de actuación preferentes durante la legislatura que ahora termina. Desde su inicio se planteó la premisa de que desde el Ministerio de Defensa se debería contribuir a resolver los problemas planteados para la economía nacional, para lo que se establecieron, básicamente, tres líneas de actuación: apoyo a la internacionalización, garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y establecer medidas políticas y normativas que permitiesen optimizar los recursos disponibles y asegurar el nivel tecnológico alcanzado.

Solo cuando la situación general lo permitiese se podrían abordar nuevas inversiones. Los programas tecnológicos asociados a los futuros vehículos 8x8 y la fragata F110, financiados con presupuesto del Ministerio de Industria, han abierto desde este año un “nuevo ciclo inversor”, que en recientes palabras del director General de Armamento y Material pretenden sentar las bases de la industria de defensa española.

La potenciación de la OFICAEX, en el marco de la DGAM, o el desarrollo de la normativa para posibilitar el establecimiento de acuerdos Gobierno a Gobierno responden a la voluntad de apoyo a la internacionalización manifestada desde el Ministerio. Sus resultados prácticos están por ver.

La revisión de los programas en curso y la aprobación de créditos extraordinarios para abordar los compromisos contractuales han sido otras de las medidas adoptadas. Por muy controvertido que haya sido el procedimiento utilizado, no cabe duda de que el Ministerio debe cumplir sus obligaciones y la alternativa no es dejar de abordar los pagos a los contratistas.

En cuanto a la tercera línea, con un carácter más político, el acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de julio de 2014 asignaba específicamente al Ministerio la responsabilidad de liderar el desarrollo del sector industrial de defensa en cooperación con otros ministerios. Un acuerdo sobre el que planean no solo consideraciones de política interna, sino también las iniciativas de la Unión Europea sobre racionalización industrial y potenciación del mercado único de defensa.

De hecho, el acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, en el que se determinaban las capacidades industriales que afectan a los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad, está en buena parte condicionado por la necesidad de disponer del soporte adecuado para invocar el artículo 346 del TUE cuando por consideraciones estratégicas se considere oportuno.

El desarrollo de estas medidas ha venido además enmarcado por dos factores. En primer lugar el intento de racionalización de la demanda, sobre cuya necesidad parece haber un acuerdo generalizado a pesar de las dificultades que todavía se encuentran en España. Segundo, y sobre todo, en un debate, a menudo encubierto, relacionado con la oferta industrial nacional, su dimensión y su posicionamiento en el marco global europeo.

La revisión de la aportación española en el accionariado de Airbus, la participación pública en Indra, la entrada en el accionariado de esta por parte de Telefónica o la situación de Navantia de cara a su capacidad para abordar algunos programas en curso o la contratación de nuevos programas navales nacionales, han sido algunos de los ejemplos más conocidos sobre los que se ha centrado el debate. Junto, no lo olvidemos, con el papel que deben jugar las PYMEs, que representan un volumen muy significativo del tejido industrial de defensa español.

Todos los factores indicados aconsejaron abordar el establecimiento de una estratega específica, que ya se había planteado en la legislatura anterior, que permitiese marcar un camino para orientar a todos los actores implicados. Una medida necesaria, que debería contar con el debido respaldo parlamentario y que, según parece, se ha dado a conocer a un reducido grupo de grandes empresas, pero que, por razones de calendario, puede que no llegue a difundirse de manera generalizada a pesar de que está “casi lista”. Quizás una precaución razonable desde el punto de vista político, pero cuya difusión no debería demorarse en cuanto se inicie la próxima legislatura.