Seguridad, desarrollo económico y fútbol

El 22 de mayo el Consejo de Ministros acordó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, donde se define el nuevo sistema de Seguridad Nacional como la acción del Estado dirigida no solo a garantizar la defensa de España, sino también, y principalmente, a proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos y los principios y valores constitucionales, así como la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. El sistema involucra a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general.

Se plantean varios factores clave:

Se concibe la seguridad como una política de Estado que afecta a todos los ciudadanos y administraciones a nivel nacional, autonómico y local. Su fin principal es proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Los principios y valores constitucionales a proteger son asumidos por el conjunto de la sociedad. Debe contribuir a los compromisos adquiridos en el ámbito internacional.

El Consejo de 29 de mayo aprobaba dos acuerdos significativos que enlazan directamente con las premisas de la Ley.

Por un lado, la autorización de un protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, firmado el 1 de diciembre de 1988, con un gobierno socialista, para el despliegue de una fuerza de respuesta norteamericana en la base aérea de Morón. Una base aérea de plena soberanía nacional, en donde inicialmente se invertirán por parte del gobierno norteamericano alrededor de 30 millones de euros. Se contribuye a la seguridad internacional, en el marco de los compromisos nacionales de cara a la posible actuación en zonas de donde están surgiendo amenazas directas a nuestra libertad y donde la solidaridad con las poblaciones locales afectadas se muestra claramente por nuestra sociedad. Igualmente se contribuye al bienestar a nivel local, puesto que la medida ayudará a generar riqueza en una zona del territorio nacional donde se necesita generar actividad económica y, por tanto, empleo.

Igualmente, se hacía público el acuerdo en el que se determinan las capacidades industriales que afectan a los intereses esenciales de la defensa y de la seguridad nacional. Una medida que está orientada a preservar intereses relacionados con la seguridad de suministro de materiales críticos para nuestras Fuerzas Armadas, pero de la que, sobre todo, se puede ver favorecida la industria nacional. La medida permite invocar el artículo 346 del TUE cuando el gobierno lo considere necesario en aquellas áreas especificadas en el acuerdo. Nuevamente está presente la necesidad de contribuir al bienestar de los ciudadanos a través de una medida de la que sin duda se beneficiará el tejido industrial que desarrolla su actividad en España. El caso de Palencia puede ser un ejemplo reciente entre los que podríamos citar otros muchos.

Las medidas anteriores coinciden con determinados movimientos internacionales que cuestionan la capacidad española, especialmente tras el lamentable accidente de Sevilla. Con intenciones al menos poco claras, desde determinados medios alemanes, que recogen declaraciones de directivos de Airbus, se está achacando a “problemas de calidad en el ensamblaje final” las causas de los fallos en el avión. Se cuestiona tanto la profesionalidad de nuestros trabajadores como la propia línea de montaje. Una línea de montaje que ha sido apoyada desde sus inicios por todas las administraciones (estatal, autonómica y local) con responsables de distinto signo político y que sin duda ha contribuido a generar un importante polo aeronáutico no sólo en Sevilla, sino en toda Andalucía, con una generación importante de puestos de trabajo directos e indirectos, y una repercusión directa en generación de actividad económica en distintos sectores y por tanto sobre el bienestar de los ciudadanos.

Al analizar las cuestiones planteadas vemos como las estrategias de seguridad y defensa nacional contribuyen de manera directa al bienestar de los ciudadanos. Un hecho indudable sobre el que aparece algo más que una sombra, en relación con nuestros principios y, sobre todo, valores constitucionales. Las pitadas al Himno Nacional producidas durante la final de la copa del Rey son ciertamente minoritarias, pero han sido jaleadas desde instituciones autonómicas y locales, y desde algunos medios de comunicación, para dar morbo a un simple partido de fútbol. Independientemente del rechazo (o las náuseas) que el hecho concreto produce, se plantea una cuestión que afecta a la premisa básica sobre la que se sustenta nuestra seguridad y bienestar común.

¿Qué principios y valores constitucionales vamos a preservar si las Administraciones Públicas y parte de la sociedad consienten acciones contra los símbolos que nos representan a todos en presencia de Su Majestad? El mensaje que enviamos hacia el exterior es sin duda pernicioso y afectará, tarde o temprano, a nuestra seguridad y defensa, a nuestro desarrollo económico y a nuestra fiabilidad como sociedad.