La Defensa más allá del 20-D

Tradicionalmente los partidos políticos españoles han prestado poca atención a la defensa en sus programas electorales. Posiblemente porque socialmente es un tema que no preocupa salvo en ocasiones puntuales. El debate sobre las bases norteamericanas y el ingreso en la OTAN en 1982, o el suscitado en torno al servicio militar obligatorio en 1996, han sido excepciones. La discusión en esos casos se planteó más por consideraciones de política interna que como consecuencia de un debate sobre nuestro esquema de defensa. Ese ha quedado tradicionalmente restringido a círculos especializados sin llegar a una masa social que no siente su defensa como prioridad.

El horizonte que se presenta de cara a las elecciones generales del 20D presenta un panorama político incierto. Quizás el más incierto que se haya vivido en los últimos 35 años. Pero desde el punto de vista de la defensa presenta algunas certidumbres.

En primer lugar, los analistas políticos coinciden en que habrá una mayor dificultad para abordar consensos en políticas de estado. La defensa no será, previsiblemente, una excepción, lo que dificultará establecer acuerdos para resolver problemas que son estructurales. El más importante, aunque no el único, es el financiero. Un déficit que es tradicional. Las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas españolas se han ido resolviendo con medidas coyunturales de distinto tipo a lo largo de la historia. El mecanismo de financiación establecido para los programas especiales ha sido la solución más reciente. Esta legislatura podía haber sido una oportunidad para establecer acuerdos entre los dos grandes partidos para abordar una solución estable a este problema. Recordemos que el PP fue el ideólogo de este mecanismo financiero, respaldado posteriormente por gobiernos PSOE, cuya problemática fue señalada, con acierto, antes de finalizar la anterior legislatura por el entonces secretario de Estado, Constantino Méndez. Las llamadas del actual SEDEF, Pedro Argüelles, a un consenso en este tema, han caído en saco roto, y no se ha querido, sabido o podido abordar una solución a un problema que es de fondo y a largo plazo. Esto afecta evidentemente a las Fuerzas Armadas, pero, sobre todo, a un sector industrial con el que se tienen compromisos que hay que cumplir. No olvidemos, además, que gracias al mecanismo de prefinanciación con créditos del Ministerio de Industria se ha contribuido al desarrollo industrial y tecnológico de un sector que aporta alrededor de un 6% del PIB industrial español. Posiblemente, algunas empresas hoy no existirían sin estos programas de los que depende, en gran medida, el bienestar de algunas zonas concretas de nuestra geografía.

El problema financiero está, evidentemente, relacionado con los niveles de presupuesto ordinario asignados al Ministerio de Defensa, donde vemos otra certidumbre con las debidas cautelas. Las actuales dotaciones presupuestarias, en el entorno de los 6.000 millones de euros, previsiblemente no crecerán a corto plazo, sea cual sea el gobierno que resulte de las elecciones. Sin embargo, los niveles reales se sitúan en el entorno de los 8.000 millones, contabilizando las ampliaciones de crédito realizadas para afrontar las obligaciones contractuales y los compromisos derivados de operaciones. Las cifras son conocidas. Las acusaciones de opacidad realizadas por algunos diputados reflejan, en el fondo, un escaso interés y control parlamentario sobre la situación de nuestra defensa que es tradicional en sus señorías. Es necesario que los debates de la comisión de defensa aborden el debido control del gasto real y sus efectos sobre la disponibilidad y operatividad de las Fuerzas Armadas, que están realizando un enorme esfuerzo para aprovechar de la manera más eficiente los recursos que de manera desordenada se ponen a su disposición. No se trata solo de niveles de inversión reducidos, sino de los problemas que plantean la diversidad y discrecionalidad de fuentes financieras.

Si partimos de la base de que el presupuesto ordinario no se incrementará para reflejar la realidad del global de las inversiones, porque pensamos que ningún partido se atreverá a elevar el techo del presupuesto a la realidad de las obligaciones (no de los deseos), posiblemente se planteará el problema del desequilibrio entre personal y material. Es evidente que sobre presupuesto ordinario el reparto, situado en un 75/25, no es el más adecuado. Pero si contabilizamos todas las disponibilidades nos acercamos a una distribución estimada en un 60/40 o 55/45 durante los años de la crisis. El desequilibrio se ha producido por la drástica caída en las cifras dedicadas a gastos de material y no por el incremento en los costes de personal. Sin embargo, el debate se está nuevamente llevando a los términos de un supuesto exceso de efectivos. Otro aspecto tradicional en España y que requeriría de un análisis más profundo centrado en determinar el volumen de efectivos que necesitan las Fuerzas Armadas para atender a los objetivos políticos y, evidentemente, también a un análisis sobre si su distribución interna es la más adecuada.

Esto llevaría, a su vez, a estudiar con detenimiento varios factores. La estructura de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa debe ser coherente con los objetivos de la política de Defensa marcados por el gobierno, y ésta, a su vez, con los de la seguridad nacional. Durante la presente legislatura se ha abordado la elaboración de una Ley de Seguridad Nacional y de una Estrategia. Sin embargo, nuestro libro blanco de la Defensa data del año 2000. Quizás su renovación hubiera sido oportuna en una legislatura como la que ahora acaba, pero será más compleja en el escenario futuro.

Por otro lado, las reformas de estructura emprendidas en 2011 han afectado fundamentalmente a los niveles de la Fuerza. Futuras actuaciones en cuanto a reducción de unidades podrían producir una “descapitalización operativa”. Aunque se han realizado cambios en la estructura administrativa y del apoyo a la fuerza, estos no han sido lo suficientemente profundos. Tanto la estructura del departamento como la de los órganos de apoyo de los Ejércitos son grandes consumidoras de recursos y debe plantearse su adecuación a las condiciones actuales.

En definitiva, el debate que esperamos que se suscite entre los diferentes partidos, especialmente los emergentes, debería responder a tres preguntas.

La primera, ¿qué necesitamos? En términos objetivos, en relación con los riesgos y amenazas que afronta España y que son ciertos aunque no se quieran ver. Este aspecto está condicionado por un factor, más subjetivo, relacionado con los intereses de seguridad nacional, sobre los que cada partido tendrá su punto de vista específico, y sobre la percepción social de la defensa.

La segunda, ¿qué queremos? Que depende de la voluntad política para determinar el papel de España en el marco internacional y en defensa de nuestro modelo de sociedad. Esto afecta a los compromisos asumidos en el marco de las organizaciones internacionales y a nuestra contribución a la seguridad de un mundo globalizado.

Finalmente, la tercera sería ¿qué esfuerzo? Es decir, cuánto y cómo queremos pagar para adecuar las necesidades y voluntades a los recursos que queremos aportar y podemos permitirnos.

De las respuestas derivarán los riesgos que correremos y que habrá que asumir a nivel político y explicar adecuadamente a los españoles.

Nuestro modelo de Defensa y de Fuerzas Armadas depende de la realidad geoestratégica, la voluntad política y social, y la capacidad económica. Sobre estos factores debería pedirse a cada uno de los partidos que concurren a las elecciones generales un posicionamiento claro.