Los sindicatos también se interesan por la Defensa

No ha pasado desapercibido el informe sobre la situación y perspectivas de la industria de defensa presentado por UGT y CCOO el pasado mes, que presenta puntos interesantes aunque algunas de sus recomendaciones puedan requerir alguna reflexión adicional que esperemos, a lo mejor en vano, se produzca durante este año electoral.

Con una postura bastante crítica hacia el papel de la Unión Europea, el informe presenta un buen análisis de la evolución y perspectivas de las políticas en ese marco, que en opinión de los principales sindicatos nacionales se ha quedado demasiado corta en el impulso del mercado interior comunitario y en medidas que fomenten la integración industrial transeuropea. Se hace un llamamiento a una mayor integración en sectores específicos como el naval o el de plataformas terrestres, sin que se produzcan recomendaciones sobre cuál sería el posicionamiento español en ambos sectores. El informe reclama un mejor aprovechamiento por parte de la administración española de los mecanismos de financiación europeos como los programas COSME u Horizonte 2020.

En el plano interno se define el sector industrial relacionado con la seguridad y la defensa como esencial para el desarrollo económico nacional. Unas 800 empresas, con una facturación equivalente al 1% del PIB nacional, que aporta el 16% del PIB industrial español y que genera alrededor de 60.000 puestos de trabajo directos según los datos presentados.

Un sector que, en opinión de los autores del informe, presenta como carencia estructural la falta de tamaño, y que ha sufrido los efectos de la crisis de forma significativa a pesar de los esfuerzos en internacionalización. Los datos ofrecidos en este sentido de alguna forma pudieran ser contradictorios, puesto que presentan una facturación global en seguridad y defensa que ha pasado de 5364 M€ en 2009 a 5650 en 2013. La facturación internacional ha pasado del 54 al 70% sobre el global en ese periodo, lo que ha permitido mantener el empleo e incluso incrementarlo en el campo específico de la defensa. Los datos presentados muestran que el sector de seguridad y defensa ha perdido unos 6000 puestos de trabajo desde 2008, mientras que el específico de la defensa ha crecido desde ese mismo año en 2000 empleos, a lo que han contribuido, según se reconoce en el texto, entre otros factores, los programas especiales de armamento del Ministerio de Defensa, a pesar de la caída de la demanda interna.

El informe considera necesario establecer una política industrial de defensa que debe partir de tres factores: unas Fuerzas Armadas demandantes con presupuesto, una industria “competente y competitiva” y formación para proporcionar técnicos cualificados.

En cuanto a la demanda se hace referencia a los efectos beneficiosos sobre la industria de la ley de dotaciones de 1965, y a la necesidad de establecer políticas y estrategias a medio y largo plazo, así como la consolidación de los créditos comprometidos en las grandes inversiones dentro del presupuesto ordinario. Un planteamiento, sin duda necesario, pero que resulta contradictorio con las críticas hacia el proceso de planeamiento de la defensa a pesar de ser una base útil para establecer planificaciones estratégicas de futuro como las que se reclama. Más llamativa aun resulta la referencia al desequilibrio entre el reparto de los presupuestos de personal y material del Ministerio de Defensa aunque se reconoce que la inversión real es muy superior a la que se refleja en el presupuesto ordinario y, por tanto, ese desequilibrio por un supuesto exceso de personal es muy matizable.

En cuanto a la “competencia y competitividad” de la industria se constata como problema el reducido número de productos propios competitivos en términos de grandes sistemas, el reducido tamaño de nuestros fabricantes y el papel esencial de las PYMEs. Para potenciar este factor se aconseja una “orientación estratégica global” que potencie la capacitación tecnológica, actuar en mercados prioritarios donde se cita expresamente África e Iberoamérica, así como determinadas actuaciones en materia de estrategias de contratación. Una potenciación de la competitividad que requiere tanto estrategias específicas de internacionalización, como se recomienda, y también otras más específicas en el plano del mercado interior que no aparecen tan claramente reflejadas y que pasan en cualquier caso por una mayor estabilidad del marco financiero nacional.

El problema financiero interno es uno de los frenos al desarrollo industrial de defensa que más claramente se muestran en el informe. Hay que destacar el llamamiento que se hace desde los sindicatos para alcanzar acuerdos estables y de política de Estado en este sentido. El matiz que se realiza no es tanto sobre el incremento de las inversiones, especialmente en la consignación de fondos para las obligaciones contraídas, como en la forma en la que estas obligaciones se han afrontado durante la presente legislatura. El informe especifica que “España requiere un acuerdo político estable que trascienda a la legislatura” con “compromisos interministeriales”. En el fondo una recomendación que coincide con planteamientos presentados desde el propio Ministerio de Defensa.

Muchas son las recomendaciones que se realizan. La más destacada y quizás discutible sea la necesidad de crear un gran “polo nacional” reclamándose una mayor intervención del Estado. Una especie de regreso al pasado que pudiera no resultar muy pragmático en las condiciones actuales. El refuerzo de la comunicación desde la administración, presentando estrategias y planes a medio y largo plazo, para orientar la actividad industrial, que también se incluye dentro de las recomendaciones, aparece como una medida más realista que una intervención desde la administración mediante la creación de un “grupo accionarial estable” de carácter público.

Nos quedamos con la recomendación que se hace desde los sindicatos en cuanto a formación tanto para disponer de técnicos cualificados como para conseguir un mayor “apoyo social trabajando la política educativa”. Sin duda una concienciación social que es necesaria para consolidar e incrementar nuestro esfuerzo en defensa y para la que es de agradecer la colaboración de los principales agentes sindicales.