¿Será mucho pedir

En noviembre de 2016 se celebrarán en Estados Unidos elecciones presidenciales. Los medios especializados en defensa están señalando dos grandes problemas que la nueva administración norteamericana tendrá que afrontar sea cual sea el resultado de las elecciones.

En primer lugar el presupuesto, una reducción en 2016 que tiene efectos directos sobre programas de modernización de sistemas, adiestramiento y número de efectivos. Aunque no se trata de un problema exclusivo de un solo servicio, la situación afecta especialmente al US Army.

El segundo problema que se plantea es de carácter más conceptual, relacionado con las misiones que se exigen a los Ejércitos. Las fuerzas tienen que mantener un nivel de disponibilidad adecuado. Pero ¿para qué? Las nuevas amenazas de carácter tecnológico (ciber) requieren adaptación de las fuerzas para proporcionar la respuesta adecuada. Pero otras amenazas mencionadas expresamente en los documentos conceptuales norteamericanos, como las planteadas por Rusia o China, requieren fuerzas con capacidad de disuasión y respuesta suficiente. Por supuesto, la guerra global contra el terrorismo es otro factor a tener en cuenta. Todas estas amenazas juntas requieren equipo y organización adecuados y sobre todo una clara orientación sobre los objetivos políticos a los que debe responder la actuación de las Fuerzas Armadas.

Financiación y objetivos políticos deben mantener una coherencia, puesto que son dos variables claramente dependientes.

En el momento actual, y aunque toda comparación es odiosa, podría extrapolarse la situación a nuestro país. En un periodo igualmente preelectoral, con unos presupuestos de defensa para 2016 ciertamente limitados, nuevamente surge la cuestión de si es el momento de plantear qué modelo de defensa necesitamos y cómo queremos financiarlo. Modernización de sistemas principales y sostenimiento y disponibilidad de la fuerza se han visto claramente afectados desde 2008. Casi una década de ajustes que está produciendo efectos importantes sobre nuestra capacidad de disuasión y defensa y sobre nuestro tejido industrial.

El debate político en los próximos meses se presenta intenso y esperemos que así sea también en el ámbito de defensa, puesto que hay muchas cuestiones abiertas con repercusiones tanto operativas como industriales.

¿Se puede mantener el pago de los principales contratos a golpe de Real Decreto anual? Ese ha sido el recurso utilizado durante esta legislatura, contestado fuertemente desde la oposición, que en la legislatura anterior había optado sencillamente por no pagar. La solución de pagos anuales no es deseable, pero no se plantean claramente desde el ámbito político otras opciones para hacer frente a unos compromisos que hay que cumplir en cualquier caso.

¿Se puede mantener un nivel de presupuesto ordinario ciertamente limitado incluso para abordar el gasto corriente? Con unos 400 millones para inversiones reales en presupuesto, la modernización de los sistemas de armas está claramente dificultada con el correspondiente impacto operativo pero, y sobre todo, con efectos directos sobre la industria de defensa.

¿Se puede mantener una política industrial a base de anticipos del Ministerio de Industria para grandes programas? Este recurso ha tenido efectos beneficiosos en el pasado sobre Fuerzas Armadas y empresas, pero en el horizonte a medio plazo se plantean muchas dudas sobre su viabilidad.

¿Se puede continuar financiando las necesidades operativas sobre la base de créditos del fondo de contingencia? En los últimos años este ha sido el salvavidas para responder a buena parte de las necesidades de sostenimiento y adiestramiento de las unidades. Buena parte de las empresas del sector han conseguido sortear los años más difíciles a base de estos “pequeños contratos”, aunque con la incertidumbre que plantea su asignación anual sujeta a consideraciones políticas.

En ventanas anteriores ya habíamos apuntado la necesidad de dar coherencia a los objetivos políticos de la Defensa Nacional, tanto en sus aspectos militares como industriales, con la financiación que necesitan y se planteaban algunas cuestiones que pueden sumarse a las que hoy nos hacemos.

Más allá de juzgar unos presupuestos concretos deberíamos esperar un debate más profundo sobre los problemas de fondo relacionados con el nivel de exigencia que pedimos a nuestras Fuerzas Armadas, el valor estratégico que otorgamos a nuestra industria de defensa y, en consecuencia, el establecimiento de políticas inversoras acordes, y en definitiva el modelo financiero para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se establezcan.

¿Será mucho pedir?