Nivel de exigencia versus asignación de fondos

El límite de gasto no financiero establecido para la elaboración de los PGE 2016 se ha cifrado en 123.394 millones de euros, bajo la premisa de mantener la disponibilidad de los Ministerios. Una disminución global del 4,4% con respecto al ejercicio actual.

Este límite está condicionado por las previsiones de crecimiento del PIB y los objetivos de déficit y deuda pública. Los calendarios con los que se está trabajando contemplan la presentación del proyecto de presupuestos en las Cortes Generales en los primeros días de agosto para su debate y posterior aprobación en un calendario combinado con los tiempos electorales.

Es pronto todavía aventurar cuales serán los límites para el Ministerio de Defensa, aunque la cifra se conocerá en los próximos días o semanas. Algunas fuentes estiman que en el caso de Defensa el incremento podría ser nulo o insignificante y que en cualquier caso, no supondrá variación en el ámbito de las inversiones reales.

Bajo esa hipótesis los niveles de capítulo 6 para el Ministerio de Defensa se situarían en el entorno de los 400 a 500 millones de euros, con más probabilidad de situarse en el límite inferior de esa horquilla. Una situación poco esperanzadora para una política pública que también contribuye al desarrollo social y económico del país y que es esencial para potenciar nuestra presencia exterior.

Si esa hipótesis se confirma habrá que recurrir nuevamente a fórmulas de financiación adicionales al presupuesto para abordar las obligaciones contractuales y dotar con un mínimo las necesidades operativas a través de aportaciones del fondo de contingencia. Necesidades operativas que, por otro lado, no dejan de aumentar, como se manifestó también en el mismo Consejo en el que se aprobaba el techo de gasto al autorizarse una nueva misión en el Mediterráneo.

Sin duda se está exigiendo un nivel de exigencia a nuestros Ejércitos muy superior al que permiten las posibilidades. No entraremos aquí en la discusión sobre la adecuación de la estructura militar a los niveles de financiación. Pero en algún momento será preciso discutir si el nivel de exigencia es acorde con las asignaciones de fondos realizadas tanto en cantidad como en calidad, en el sentido de su procedencia sujeta a criterios de oportunidad política.

La financiación por vías adicionales sigue siendo el recurso principal para financiar los compromisos contraídos, las intervenciones exteriores y la sostenibilidad de nuestra herramienta militar. Su utilización tiene sus límites y está muy lejos de contar con el necesario consenso político.

Además aparece una contradicción en el plano industrial. ¿Es posible con esos niveles hablar de “campeones nacionales”? ¿Es realista que desde el Ministerio de Defensa se haya asumido el protagonismo en el desarrollo del sector con unas posibilidades de inversión casi nulas? ¿Es coherente esta asignación de recursos con el objetivo de consolidar la industria nacional del sector de defensa?

Seguramente surjan muchas más preguntas. Si aspiramos a “desarrollar sistemas enteros y no solo tener capacidades parciales”, manteniendo como clave “estar en el estado del arte de la tecnología”, en algún momento habrá que plantearse si desde el punto de vista político ha llegado la hora de debatir en profundidad cuáles son realmente las necesidades de financiación de nuestra defensa de acuerdo con los objetivos estratégicos, militares e industriales que nos planteamos. En caso contrario habrá que revisar esos objetivos por muy dolorosas que sean las renuncias que, desde los ámbitos público o privado, haya que asumir.