Compras militares en Uruguay: entre la necesidad y el costo político
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Compras militares en Uruguay: entre la necesidad y el costo político

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La reciente interpelación al ministro de defensa de Uruguay, Javier García, por parte del diputado comunista Gerardo Núñez, quien es miembro de la comisión de defensa de la Cámara de Representantes, en referencia a la compra de dos aeronaves Lockheed Martin KC-130H Hercules a España pone al descubierto, una vez más, que en Uruguay las compras de material militar siempre conllevan un alto riesgo de ser utilizadas como arma política por el partido que se encuentre en la oposición, por más beneficiosas que sean para el país. Sucede cuando la derecha está en el poder y la izquierda es oposición, como así también al revés. 

Nunca se buscan soluciones o acuerdos, nunca se pone el bien de la Nación por encima de los intereses políticos, siempre se busca extirpar aunque sea un puñado de votos de cualquier compra que tenga el más mínimo viso militar. En este caso en particular, existen muy pocas personas en Uruguay que cuestionen la compra, están los que simplemente desconocen del tema y consideran que el monto erogado se debió haber asignado a otras cosas y los que, aunque conozcan del tema, lo utilizan como arma política. El resto, sea del color politico que sean, la aprueba. 

La compra fue increíblemente beneficiosa para el país por muchos aspectos, primero por el tipo de material y luego por su costo y condición. Siempre se pueden cuestionar detalles menores, como por ejemplo si era necesario adquirir aeronaves de repostaje en vuelo considerando el tamaño del país, pero la realidad indica que al precio que fueron adquiridas, inclusive fue más económico que comprar unidades similares sin esa capacidad. A lo largo de las mas de cinco horas de interpelación, se escuchó un debate sobre todo político principalmente desde el lado del miembro interpelante que, con pocos datos técnicos, acusó al Gobierno de comprar "aeronaves retiradas" y "sin garantías", lo que sin duda pone de manifiesto la muy ligera base técnica de la discusión.

Mas allá de esto, lo que queda claro es que la intención de la oposición no fue aclarar si la compra fue beneficiosa o no para el país, sino intentar sacar algún rédito político tratando de insertar en la población en general el concepto de que la compra no fue oportuna, que se hizo con poca transparencia y que se gastaron dineros públicos en elementos innecesarios en medio de una pandemia global. Por el camino quedó el uso intensivo de estas aeronaves para trasladar todo tipo de insumos para la lucha contra la referida pandemia, incluyendo respiradores, vacunas, ultrafreezers y mas recientemente un radar alquilado de emergencia en España. La meta final de la oposición es lograr establecer en la cabeza de algunos votantes que esta compra no fue ni buena ni oportuna, punto. Este fenómeno, que particularmente se da en Uruguay con las compras militares es el mayor inconveniente que encuentra el actual ministro de Defensa para cumplir con buena parte de sus promesas preelectorales, que incluyen la modernización de las flotas de la Armada y la Fuerza Aérea, ambas pasando por situaciones criticas en lo que se refiere a material.

El dilema de como justificar ante una población, que en general carece de interés y mucho menos formación en los aspectos técnicos de la defensa, pone en aprietos a un gobierno que sabe que debe solucionar este problema, pero corre el riesgo de pagar un alto costo político por sus decisiones, sobre todo, cuando se habla de cientos de millones de dólares en inversión que no se reflejarán en un beneficio directo para la población. El viejo concepto de ‘para qué queremos barcos o aviones si no le ganamos a nadie' se mantiene vigente y la justificación lógica de que tanto el mar como el aire deben estar igual de vigilados y protegidos que la tierra no es suficiente para una población que en general aprecia más la construcción de un estadio de fútbol que proteger su soberanía, y eso los políticos lo saben y le temen, al fin y al cabo su futuro político depende más de cuán satisfecha esté la población y no de cuán eficiente fue su gestión. Este último aspecto fue un problema crónico en los sucesivos ministros de Defensa que ocuparon el cargo luego del retorno a la democracia: su presencia fue protocolar, sin grandes cambios, con muchos proyectos y pocas ejecuciones, y siempre escudándose en el eterno debate sobre qué Fuerzas Armadas precisa el país, para cumplir su periodo de gobierno y no avanzar en nada.

El país no ha tenido compras significativas en decenas de años y muchas capacidades que se poseían se han perdido con muy pocas posibilidades de recuperarlas. Entre ellas la capacidad de guerra de minas y antisubmarina en la Armada, los sistemas misilísticos antitanque en el Ejército y la reducción drástica de capacidades en la Fuerza Aérea, con un mínimo de helicópteros disponibles y prácticamente ningún sistema de combate con la excepción de unos pocos Cessna A37B Dragonfly. Bajo la excusa de que tenemos que definir qué defensa el país necesita, por acción u omisión, se dejó desaparecer totalmente esa capacidad.

Todo este panorama cae sobre los hombros de García, un hombre que tiene experiencia en el tema pues fue miembro durante muchos años de la Comisión de Defensa del Senado y siempre ha mostrado interés en la situación tanto de los militares como de las fuerzas armadas en general. Sumado al peso de intentar cambiar el rumbo de esta situación, esta el omnipresente problema de los bajos salarios sumado a la gran cantidad de efectivos que viven bajo la línea de la pobreza. Problemas que se superponen a los del material y que también exigen una repuesta inmediata.

La posibilidad de abrir fideicomisos, que aún no queda muy claro como se van a nutrir para llegar a las cifras necesarias, para la compra de material militar para ser una alternativa atractiva para intentar minimizar el impacto en la población en general, sobre todo utilizando fondos que las propias armas generan para invertir en ellas. Sin embargo, esto no exime a la oposición de que se utilice como argumento para decir que esos fondos que antes iban a rentas generales para ser utilizados con fines ‘sociales’ ahora se utilizan para comprar material militar ‘innecesario’. La eterna lucha entre lo que es necesario pero que no genera beneficios políticos a aquellos que deben tomar la decisión ha sido un lastre que he llevado a las Fuerzas Armadas Uruguayas al borde de su extinción. Solo queda confiar que en lo que queda de esta administración, el ministro de Defensa de Uruguay pueda llevar a cabo aunque sea alguno de los proyectos que se puso como meta al principio de su gestión. Aunque el costo político sea alto, la Nación se lo agradecerá.



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