Un informe del IEEE cuestiona el plan de inversión del Gobierno: España gasta en Defensa, pero no en defenderse

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) ha publicado un informe, titulado Anatomía del esfuerzo español en defensa, a cargo de Juan Carlos Domingo Guerra, general de División (r) del Ejército de Tierra, en el que se pone sobre la mesa las inconsistencias del esfuerzo español en defensa, revelando una profunda distancia entre lo que se consigna presupuestariamente como gasto militar y lo que realmente contribuye a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El documento ofrece una lectura crítica de la inversión española en defensa para 2024, calculada en un 1,45% del PIB, pero con solo un 0,89% realmente dedicado a capacidades militares funcionales.

Entre el gasto “en defensa” y el gasto “en defendernos”

Uno de los ejes principales del informe es la diferencia conceptual y práctica entre el gasto “en defensa” (GD) y el gasto “en defendernos” (GF). El primero incluye una amplia gama de partidas, muchas de ellas ajenas a la operatividad militar, mientras que el segundo se refiere exclusivamente a lo que contribuye directamente a las capacidades de las Fuerzas Armadas. En 2024, mientras el GD ascendió a más de 23.000 millones de euros, el GF real no superó los 14.200 millones.

Esta diferencia implica, según el informe, que las Fuerzas Armadas dejaron de recibir más de 8.700 millones de euros que, de haberse canalizado correctamente, habrían permitido alcanzar el objetivo del 2% del PIB comprometido en la cumbre de Cardiff en 2014. En un contexto geopolítico en el que la OTAN y la UE exigen un mayor esfuerzo, esta brecha resulta particularmente preocupante.

Una contabilidad cuestionada

El estudio desglosa los gastos considerados “no funcionales”, entre ellos las pensiones de clases pasivas (más de 4.200 millones), el presupuesto del INTA, el Isfas, el CNI y hasta el fomento de la cría caballar. Estas partidas, aunque legítimamente presupuestadas bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, no tienen un impacto directo en la capacidad militar operativa y, sin embargo, son consideradas dentro del cálculo global del esfuerzo en defensa según los criterios de la OTAN.

Además, el documento advierte sobre intentos de algunas organizaciones de inflar los cálculos al incluir partidas del Ministerio del Interior, lo que es rechazado por la OTAN salvo para unidades específicamente militarizadas, algo inexistente en la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El nuevo plan industrial: entre la oportunidad y la improvisación

El informe analiza también el impacto del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, aprobado por el Gobierno en abril de 2025. Aunque esta iniciativa supone una inyección de 10.741 millones de euros en el sector, el análisis lo describe como una "lista de la compra" que evita una revisión profunda del planeamiento estratégico.

Una crítica destacada es que el plan del Gobierno no persigue la ampliación real de capacidades, sino únicamente la modernización de sistemas ya existentes. El propio documento del Gobierno subraya que “no se trata de ampliar nuestras capacidades”, lo que, a juicio del autor, refleja una voluntad de eludir cualquier señal de carrera armamentística en un momento de presión creciente dentro de la OTAN.

Según explica el autor en el informe, este plan presentado por el Gobierno para llegar al 2% de inversión en el PIB este mismo año, "incorpora importantes lastres, que quiebran ab initio la vigencia de sus postulados. Por ejemplo, solo se hace mención a inquietudes de seguridad y defensa europeas o comunitarias, sin que aquellas puramente nacionales o que tengan un complicado encaje jurídico entre las garantías de las alianzas de las que se forma parte hayan encontrado acomodo en el Plan. También se renuncia explícitamente a la ampliación de capacidades en los ejércitos, limitándose las inversiones previstas a la 'fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión', pero solo de aquellos que tengan como finalidad la modernización de lo existente", llegándose a afirmar que "no se trata de ampliar nuestras capacidades".

Un esfuerzo coyuntural, no estructural

Uno de los puntos más controvertidos es la naturaleza temporal del esfuerzo presupuestario. El Gobierno ha manifestado su intención de mantener el gasto en defensa en el 2% del PIB solo mientras persista la actual coyuntura internacional. Esta visión de corto plazo, según el informe, impide la planificación plurianual y la aprobación de una ley de dotaciones estable que dé seguridad a las inversiones en defensa y permita una reconversión real de las FFAA en una fuerza de disuasión creíble.

Personal: déficit crónico y carencias estructurales

El informe señala además que, pese a las medidas anunciadas para incorporar 2.400 nuevos efectivos y mejorar las retribuciones del personal de tropa y marinería, España continúa rezagada en efectivos militares per cápita. Con una ratio de 2,58 militares por cada 1.000 habitantes frente a la media europea de 3,03, el país necesitaría al menos 22.000 efectivos más para equipararse a sus socios europeos.

Por todo ello, el autor asegura que "lo más sustantivo es que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa dista mucho de ser un verdadero plan. Una movilización tan relevante de recursos financieros debería haber dado lugar a una reconsideración integral de todo el ciclo de planeamiento militar, promoviendo un cambio drástico de paradigma. Se habría facilitado así la tan necesaria reconversión de las FFAA en lo que no son desde hace demasiado tiempo: un verdadero y creíble instrumento de disuasión ante amenazas externas a la integridad territorial".

Un compromiso por debajo del mínimo común

La conclusión es contundente: España se mantiene como el país con menor esfuerzo relativo en defensa dentro de los 32 miembros de la OTAN, con un 1,28% estimado por la propia Alianza Atlántica a finales de 2024. Esta cifra no se corresponde con los cálculos del Gobierno, que sitúa el esfuerzo en el 1,45%, ni con el análisis independiente aquí presentado, pero en todos los casos está por debajo del umbral del 2% fijado hace ya más de una década.