Presidencia se impone a Defensa y toma el control de los secretos de Estado en la nueva Ley de Información Clasificada

El Gobierno ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros a la nueva Ley de Información Clasificada, que iniciará en breve la tramitación parlamentaria. Con este texto, el Ejecutivo busca reemplazar al fin, después de varios intentos fallidos, la Ley de Secretos Oficiales, norma preconstitucional que data de 1968, vigente en la actualidad, con pequeñas modificaciones en 1978. 

La principal novedad es el levantamiento del secreto de los documentos clasificados hace 45 años o más, anteriores a 1981. De salir finalmente adelante, la ley permitirá, por tanto, desclasificar documentos de la Transición y el franquismo. También fija cuatro categorías de información (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), así como plazos en cada caso para revelar los documentos. 

El Gobierno cumple así con el compromiso que Pedro Sánchez hizo al líder del PNV, Aitor Esteban, a principios de este año. Los nacionalistas vascos han llevado en más de una ocasión la reforma de la norma al Congreso, si bien la iniciativa nunca ha salido adelante. 

Disputa entre Defensa y Presidencia

El proceso de elaboración de la nueva ley no ha estado exenta de tensiones en el seno del Gobierno, principalmente entre los ministerios Presidencia y Defensa, dirigido por Félix Bolaños y Margarita Robles, respectivamente, a cuenta de la Autoridad Nacional de Seguridad, encargada de custodiar toda la documentación clasificada. Actualmente está dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa, sin embargo, la ley recién aprobada contempla su traslado a La Moncloa, sede de Presidencia. 

La Autoridad Delegada para la Protección de la Información Clasificada es en este momento la secretaria de Estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que cuenta con el apoyo de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS). Este órgano tiene entre sus misiones proteger la información clasificada mediante la habilitación de personas, empresas y organismos y la acreditación de sistemas TIC en los que se maneja dicha información. Además, representa a España, en nombre de la Autoridad Delegada, en los comités de seguridad de la Información Clasificada de OTAN, UE y ESA, y de los distintos programas clasificados internacionales.

Esta modificación, en la práctica, supone una pérdida de competencias para Defensa -en concreto el CNI- e implica el cambio de destino de alrededor de un centenar de agentes, que tendrían que decidir si dejan 'La Casa' para continuar con el mismo trabajo en la ONS bajo el paraguas de Presidencia, recoge El País. Este es uno de los puntos más delicados, reconocen expertos en Inteligencia a Infodefensa, puesto que las funciones de la oficina no pueden recaer sobre personal eventual y además es previsible que un buen número de agentes adscrito hoy a la ONS continúen en la plantilla del CNI.

Bolaños ha argumentado que la norma homologa a España a las democracias más avanzadas y responde al derecho que tienen los ciudadanos a conocer información sensible, siempre que no afecte a la seguridad y a la defensa. Desde el Ministerio de Presidencia señalan que en gran parte de los países europeos y de la OTAN, la Autoridad Nacional ya depende del departamento encargado de la coordinación interministerial debido a la transversalidad de la información que puede ser clasificada.

"No es una prioridad", según el PP

Este mismo miércoles, el presidente del PNV ha aplaudido la decisión en una entrevista en la Cadena Ser: "Me parece bien que desde lo más civil, que es Presidencia, se pueda llevar ese control". Fuentes parlamentarias señalan a este medio que el cambio de titularidad es una cesión a los nacionalistas vascos, que siempre han defendido, junto con otras fuerzas como Sumar, socio de Gobierno del PSOE, que la regulación de la información clasificada debe estar controlada por un organismo político. 

El PP, por su parte, considera que la ley "no es una prioridad". Así lo ha apuntado su secretario general, Miguel Tellado, en una entrevista en RNE. "Conocimos el texto ayer. Vamos a estudiarlo pormenorizadamente. Desde luego no es una prioridad de la sociedad española, se lo puedo asegurar", ha señalado. 

El Ministerio de Defensa mantiene ciertas competencias, aunque no esconde de puertas para adentro su malestar por la decisión. Algo similar ocurre en Interior. De acuerdo con la nueva ley, el titular de Defensa "ejercerá las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Seguridad respecto a la información clasificada en el ámbito de las relaciones con la OTAN". El departamento que dirige Robles efectuará también el registro de las diligencias y directivas de clasificación de la información secreta de la Alianza Atlántica, así como el registro de las habilitaciones de su personal.

Ley de Información Clasificada

Por primera vez, la ley establece la desclasificación automática transcurridos unos plazos que dependen del nivel de protección de los asuntos.

Para el contenido considerado alto secreto se fija su desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por quince años más. La información clasificada como secreto se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable 10 años más, también de forma excepcional y motivada. En la categoría de confidencial se establece un plazo de desclasificación automática de entre siete y nueve años no prorrogables. Y, por último, la información clasificada como restringido se desclasificará en un plazo de cuatro y cinco años, que tampoco se podrán prorrogar. Todos estos plazos concluirán de forma automática el último día del año en que venza el plazo de clasificación. 

En cuanto a la información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley, se desclasificará automáticamente a los 45 años, salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o defensa que todavía justifique su clasificación. Con independencia de ello, cualquier persona con interés personal o profesional podrá instar a la desclasificación, que se irá haciendo de forma paulatina.

Por otra parte, la ley establece sanciones en el caso de acceso indebido o difusión de información clasificada, que van desde los 300.000 euros en las infracciones menos graves, de 300.001 a 800.000 en las graves y de 800.001 a 2,5 millones de euros en las que supongan amenaza para la defensa y la seguridad nacional.

La competencia para clasificar y desclasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde única y exclusivamente al Consejo de Ministros. La declaración de documentación confidencial o restringida se reduce a un número tasado de autoridades: el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los ministros, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.