Argentina crea el Departamento Federal de Investigaciones, nuevo eje de la Policía Federal

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Buenos Aires. La iniciativa se formalizó con la publicación del Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial.

El cambio principal consiste en la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que transforma a la PFA en una fuerza especializada en delitos federales complejos. La nueva estructura abandona las tareas de patrullaje callejero —transferidas en su mayoría a la Policía de la Ciudad— y adopta un modelo inspirado en el FBI estadounidense, con una nueva identidad institucional.

La reforma incluye una nueva ley orgánica que redefine las funciones internas de la fuerza y un plan de modernización tecnológica. Este contempla la incorporación de inteligencia artificial para análisis predictivo, técnicas avanzadas de análisis forense e integración de bases de datos nacionales. También habilita el ciberpatrullaje en espacios digitales públicos, como redes sociales y foros, sin orden judicial previa; medida que ha generado críticas por su posible impacto en derechos fundamentales.

El antecedente más cercano data de 2020, cuando la entonces ministra Sabina Frederic activó, mediante la Resolución 144/2020, un protocolo para la prevención del delito con fuentes digitales abiertas durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Esa medida permitía detectar venta de medicamentos falsos, ataques a hospitales, trata de personas, narcotráfico, terrorismo y grooming, pero excluía expresamente a las áreas de inteligencia y limitaba su aplicación al período de emergencia.

La iniciativa de Frederic provocó polémica cuando mencionó el monitoreo del "humor social" ante la Cámara de Diputados. Bullrich, entonces en la oposición, había calificado la resolución como un gravísimo delito, una amenaza a la libertad de expresión y una forma de vigilancia ideológica encubierta. Aunque también afirmó que esta modalidad de la ciberseguridad se debe utilizar "contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc”

En materia de recursos humanos, la reforma establece que solo podrán ingresar graduados universitarios en disciplinas vinculadas con la investigación criminal, como derecho, criminalística o sociología. Esta profesionalización busca dotar a la fuerza de un perfil técnico especializado. Se crea, además, el Departamento Federal de Coordinación (DFC), para articular operativos entre jurisdicciones.

El decreto limita el ingreso anual de suboficiales para reducir costes operativos y redirigir el presupuesto hacia capacitación y equipamiento tecnológico. La Dirección de Asuntos Internos gana autonomía y mayores facultades para investigaciones internas, fortaleciendo los mecanismos de control y transparencia.

El Gobierno justifica la reforma como respuesta al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos. Milei sostiene que administraciones anteriores "desprotegieron a la sociedad" con políticas "pro-delincuente", y declara como objetivo eliminar el delito desde su raíz mediante el fortalecimiento de la investigación y la desarticulación de redes criminales.

Diversos sectores han expresado preocupación por el alcance de las medidas, especialmente aquellas que podrían afectar la privacidad y la libertad de expresión.