09/05/2011
(Infodefensa.com) Madrid La compañía Instalaza ha presentado al Gobierno español una reclamación por pérdida patrimonial por un importe cercano a los 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante por la decisión de una moratoria unilateral al uso, producción y ventas de las bombas de racimo.
Según consta en las últimas cuentas públicas de la empresa correspondientes al ejercicio de 2009, los directivos de Instalaza, radicada en Zaragoza, estiman que la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero, tomada en junio de 2008, perjudicó seriamente el negocio, según publica hoy el diario Cinco Días.
Instalaza, el único fabricante español de este tipo de artefactos en ese momento, con sus granadas de mortero MAT-120, exige esta cantidad en concepto de daño emergente y lucro cesante por venta "en siete países".
Sus responsables afirman que su petición está "perfectamente razonada y explicada" y destacan que el Ejecutivo la ha aceptado a
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