Instalaza reclama al Gobierno 40 millones por la prohibición de las bombas de racimo

(Infodefensa.com) Madrid – La compañía Instalaza ha presentado al Gobierno español una reclamación por pérdida patrimonial por un importe cercano a los 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante por la decisión de una moratoria unilateral al uso, producción y ventas de las bombas de racimo.

Según consta en las últimas cuentas públicas de la empresa correspondientes al ejercicio de 2009, los directivos de Instalaza, radicada en Zaragoza, estiman que la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero, tomada en junio de 2008, perjudicó seriamente el negocio, según publica hoy el diario Cinco Días.

Instalaza, el único fabricante español de este tipo de artefactos en ese momento, con sus granadas de mortero MAT-120, exige esta cantidad en concepto de daño emergente y lucro cesante por venta "en siete países".

Sus responsables afirman que su petición está "perfectamente razonada y explicada" y destacan que el Ejecutivo la ha aceptado a trámite "sin agotar plazos ni recurrir al silencio administrativo, agrega el periódico económico.

Desde la empresa no atendieron la petición de información de Cinco Días sobre cuál ha sido el resultado de esta reclamación. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa afirman no haber recibido ninguna petición en este sentido.

Entra en pérdidas

En las cuentas de 2009, el auditor también expresa su incertidumbre sobre el valor recuperable de las existencias de este tipo de bombas, que ascienden a 3,9 millones de euros, y de los gastos de I+D asociados, valorados en 990.275 euros. El informe señala que estas cantidades solo se podrán recuperar si las bombas se venden en el exterior (algo prohibido) o si se compensa en línea con el acuerdo que Defensa cerró para la eliminación de las bombas de racimo.

Instalaza cerró 2009 con unas pérdidas de 127.499 euros, tras facturar 6,06 millones de euros, un 42,6% menos que el año anterior. Una caída que los gestores de la empresa que preside Leoncio Muñoz atribuyen a la crisis económica y a la prohibición de las MAT-120.

La situación ha obligado a la empresa a poner en marcha una política de reducción de costes de estructura, con jubilaciones, reducciones de jornada y expedientes de regulación. En 2009, la compañía ajustó la plantilla en 78 personas.

A la hora de reclamar una indemnización al Gobierno, Instalaza no especifica con qué países tenía acuerdos para la venta de las bombas de racimo. Lo único que se sabe es que uno de sus clientes era Finlandia, donde ganó un concurso para el suministro de los artefactos y para transferencia de tecnología a la empresa local Patria; y otro Libia, como se pudo comprobar con la reciente aparición de restos de las MAT-120 tras algunos de los bombardeos del Ejército de Gadafi sobre la ciudad de Misrata.

La entrada en el mercado libio, conseguida en 2007, supuso un cambio "sustancial" para las exportaciones de la empresa, en palabras de sus gestores, que en su momento destacaron que el contrato se pudo lograr tras superar "muchas reticencias".

Autorizado por el actual JEMAD

Según el periódico económico, la venta de bombas de racimo por parte de Instalaza al régimen libio de Muamar Gadafi contó con el visto bueno de la Dirección general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que en 2007 estaba a cargo del actual Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general del Aire José Julio Rodríguez.

Como todas las operaciones de venta de armamento, la transacción tuvo que contar la aprobación de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. Esta junta está presidida por el secretario de Estado de Comercio, vicepresidida por el de Exteriores, y cuenta con la participación del director general de Asuntos Estratégicos y de Terrorismo; del director de Inteligencia del CNI; del director general de Armamento y Material; del director del departamento de Aduanas de al Agencia Tributaria; del director adjunto operativo de la Guardia Civil; del de la Policía; del secretario general de Comercio Exterior; y del secretario general técnico del Ministerio de Industria. Sus decisiones son vinculantes para la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, que es la que otorga las licencias de exportación.

Instalaza logró tres permisos para la venta de bombas de racimo a Libia en 2007 por valor de 3,83 millones de euros. La operación se materializó a principios de 2008.

Desde febrero de 2007, el Gobierno español ya participaba en el llamado Proceso de Oslo, promovido por distintas instituciones a nivel internacional para acabar con las bombas de racimo. Ese mes, España firmó una declaración en favor de un tratado internacional que prohibiera el uso, fabricación y venta de este tipo de armamento.