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AMÉRICA | Defensa
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Consecuencias de la intervención militar del 9 de febrero

El Congreso ratifica la interpelación contra el ministro de Defensa de El Salvador

El ministro de Defensa, René Merino, durante su rendición de cuentas en la Asamblea. Foto: Ministerio de Defensa de El Salvador

El ministro de Defensa, René Merino, durante su rendición de cuentas en la Asamblea. Foto: Ministerio de Defensa de El Salvador

03/08/2020 | San Salvador

Alberto López

La Asamblea Legislativa de El Salvador (Congreso unicameral) ratificó la interpelación contra el ministro de Defensa, contralmirante René Merino, por la intervención militar del pasado 9 de febrero, que se señala como injustificada y como una clara señal del presidente Nayib Bukele de amedrentar a los diputados.

El proceso de interpelación (procedimiento para que funcionarios aclaren hechos ante el Parlamento) ha sido programado para el próximo 21 de agosto, después de que fue suspendido el pasado 27 de febrero por la emergencia de la pandemia, y consistirá en que el contralmirante Merino aclare qué lo motivó a incursionar con elementos del Ejército fuertemente armados al Salón Azul, recinto donde los legisladores se reúnen para su labor parlamentaria.

Los diputados, sobre todo de los principales partidos opositores a Bukele, buscan que Merino explique el porqué obedeció una orden de intervenir la Asamblea, si esta podía violar las leyes y la misma Constitución, lo que inclusive, para algunos diputados, hasta podría poner en peligro que el jefe militar continúe al frente de Defensa.

Las críticas de los legisladores y de algunos sectores de la opinión pública sobre la intervención militar, se centran en que Bukele buscaba presionar por la aprobación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 109 millonesde dólares, para reforzar sus planes de seguridad.

El tema de este préstamo no ha vuelto a abordarse en el Congreso desde inicios de marzo anterior, cuando los diputados intentaron reorientar dichos fondos para atender la compra de medicamentos y el BCIE descartó que pudiera cambiarse el destino del mismo, pues la compra de medicinas corresponde a gasto corriente del Estado, diferente a la naturaleza de inversión para la que fue aprobado este crédito, la cual se refiere a rubros del plan de seguridad de Bukele.

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