Navantia debe de aprender a navegar sin el motor del Estado

(Infodefensa.com) Por Miguel Angel Gavira – El Economista (*) – Que Navantia logre carga de trabajo para salvar a sus astilleros lo que queda de legislatura es una gran noticia que el sector no duda en celebrar, pero los astilleros públicos militares deben de aprender a navegar sin el motor de ‘Papa Estado’ empujando cuando hay calma chicha en el mercado. Sobre todo porque cada vez es más difícil que la Armada anuncie contratos salvadores teniendo en cuenta el reducido presupuesto que maneja el Ministerio de Defensa en los últimos años.

Tras una etapa de éxitos internacionales, que culminaron con contratos como la venta de cinco fragatas a Noruega, la compañía ahora presidida por José Manuel Revuelta ha vivido una travesía preocupante. A ello se ha unido que su gran esperanza internacional de exportación, el nuevo submarino S-80, ha sufrido un retraso por el diseño erróneo del mismo.

El contrato para construir dos Buques de Acción Marítima por 333 millones de euros, una operación que será sufragada por el Ministerio de Industria, supone un colchón que asegura la carga de trabajo de Ferrol y Cádiz, pero debería ser el último. Entre otras cuestiones, porque la Armada tiene necesidades más urgentes si se sondean opiniones dentro del propio Ministerio de Defensa.

Por poner un ejemplo, en el mismo consejo de ministros que se ha aprobado la compra de estos dos buques, se ha anunciado el retraso de la renovación de los aviones de despegue vertical con los que cuenta la Armada y que ya presentan dos décadas de servicio.

Los célebres Harrier AV-88 Plus llegaron a la Armada tras un acuerdo conjunto entre Estados Unidos, Italia y España y ya han sufrido varias prórrogas en su ciclo de vida. Ayer, el Gobierno aprobó otra nueva, ya que la actual finalizaba el próximo 9 de diciembre. El Ejecutivo reconoce que con las circunstancias económicas actuales no puede comprar un nuevo caza de despegue vertical y ha decidido prorrogar otros diez años más la vida del Harrier hasta 2025. El coste de ello supone un asumible compromiso de pagos para el Ministerio de Defensa de poco más de 70 millones de euros, mucho menos que la compra de nuevas unidades, una opción mucho más cara. Por poner un ejemplo, el nuevo Joint Strike Fighter, el F-35, puede llegar a costar en el mercado más de 100 millones de euros en su versión STOVL (de despegue vertical).

Pero es que Eurofighter, que también es un programa europeo que se fabrica en España y que no ha conseguido lanzar una potente campaña de exportación, está trabajando en una versión de despegue vertical que nunca ha salido adelante porque no ha encontrado el apoyo necesario en forma de pedido. Si la Armada comprara estos aviones, el Gobierno ayudaría a paliar esa falta de carga de trabajo que finaliza irremediablemente en un par de años.

¿Por qué no lo hace? Por una razón muy simple: porque no hay dinero. Entonces, ¿los BAM se necesitan? Probablemente no, pero salvar de momento Navantia tiene un coste electoral en las zonas afectadas (Ferrol, Puerto Real) mucho mayor que comprar un caza para la Armada. Incluso que haber decidido renovar en su día la flota de vehículos blindados con los que el Ejército español se jugaba la vida en misiones de paz fuera de nuestras fronteras.

Otra prueba de que la falta de presupuesto obliga a poner retales a las Fuerzas Armadas españolas se encuentra también en la propia referencia que ayer hizo pública el consejo de ministros. Al igual que no hay dinero para cazas de despegue vertical tampoco lo hay para nuevos submarinos y, mucho menos, cuando el futuro del nuevo sumergible de producción nacional está todavía en el alero.

El Gobierno ha aprobado trabajos de gran carena (que garantizan la ampliación del ciclo de vida) para el submarino S-74 con el objetivo de aumentar su vida operativa cuatro años más, justo el tiempo en el que sobre el papel el número dos del S-80 debería estar ya operativo tras las modificaciones del calendario anunciadas por el Ministerio de Defensa. El coste de esa prolongación del ciclo de vida es de 42,9 millones de euros pero garantiza que España no se quede sin submarinos.

Miguel Ángel Gavira es director de elEconomista Transporte. El artículo salió publicado en el diario El Economista el pasado 24 de mayo.