Desequilibrios
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Desequilibrios

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El inesperado, o quizás no tanto, regreso al poder de los talibanes en Afganistán nos ha sacudido este verano. Es interesante observar los debates sobre las causas y posibles consecuencias de la nueva situación. Unos debates que varían según los países, pero rara vez se plantean bajo el prisma de consideraciones estratégicas, fuera de foros especializados.

En Estados Unidos el golpe se ha recibido cuando se debatía el presupuesto de defensa para 2022 que contempla un incremento de más de un 2% para la Fuerza Aérea, que dispondrá de unos 155.000 millones de dólares.

El incremento se hace a costa de otras partidas del presupuesto del Pentágono. Las partidas para I+D y municiones se recortarán ligeramente, pero será más significativa en los otros servicios cuyos responsables ya han alertado sobre posibles desequilibrios en capacidades. Desde la Fuerza Aérea se responde que se trata de responder a prioridades industriales y no a demandas operativas, y que a pesar del incremento se reducirá la disponibilidad de aviones de combate. Una confirmación de la cacareada ley de Augustine.

Para poner las cosas en contexto conviene decir que este debate se produce en un marco de incremento del presupuesto del Pentágono de un 1,4% que llegará a unos 600.000 millones de euros. Casi el total del gasto público español de 2020.

Desde la nueva óptica estratégica americana, muy preocupada por la amenaza china, el reparto presupuestario pudiera tener su lógica, aunque los desequilibrios entre capacidades de los servicios tienen sus consecuencias. En 2013, el 48% del presupuesto de defensa norteamericano se destinaba a la Navy y la Fuerza Aérea. En 2022, será de un 53%. En ese mismo periodo, el presupuesto del US Army habrá pasado del 35 al 30%. La redistribución se justifica además por la tendencia de que las operaciones terrestres en las zonas de conflicto, al menos su esfuerzo principal, deben realizarlas las fuerzas locales. Una premisa que ya se había demostrado fallida y que se ha confirmado este verano.

La tecnología avanzada y costosa también tiene sus límites. Hace unos meses el general del USMC Arnold Punaro en su obra The ever-shrinking fighting force alertaba de las consecuencias estratégicas de las políticas de inversiones guiadas por intereses exclusivamente industriales o centradas en tecnologías excesivamente costosas. Son aspectos que no deben descuidarse pero que deben ponerse en su adecuado contexto.

No es un problema exclusivo de los Estados Unidos y debería llevar a una reflexión también en España donde el debate se centra en el incierto futuro de las mujeres afganas, ciertamente preocupante.

El Consejo de Ministros ha tramitado entre enero y agosto acuerdos relacionados con la Defensa por unos 6.800 millones de euros. Incluimos en esa cantidad acuerdos marco, declaraciones de emergencia, modificaciones de límites, autorizaciones de contratos, y transferencias de crédito. Se incluyen también 862 millones a cargo del fondo de contingencia para la financiación de operaciones exteriores.

Algo menos de la mitad de esa cantidad corresponde a actividades presupuestadas para actividades o programas en curso. Las nuevas inversiones están fundamentalmente ligadas a potenciar la industria aeronáutica y, por tanto, a capacidades aéreas que reciben más de 3.800 millones de euros para la adquisición de helicópteros, sostenimiento de EF2000, adquisición de aviones MRTT y participación en la segunda fase del FCAS. Programas fundamentalmente ligados al acuerdo entre el gobierno y Airbus del año pasado y que responden a prioridades de política industrial, pero que tienen su repercusión en otras, puesto que se trata de un juego de suma cero.

La primera consecuencia es la necesidad de reprogramar las obligaciones a largo plazo con las correspondientes dificultades para abordar otros programas en la próxima década. Como segunda consecuencia, y aún reconociendo el evidente efecto tractor de la industria aeronáutica, se limita la inversión en otros sectores industriales. En tercer lugar, se producen desequilibrios operativos entre los diferentes componentes de la Fuerzas Armadas.

El nivel político tiene la responsabilidad de actuar en el triángulo estratégico conformado por fines, medios y modos. Es decir, qué recursos necesito y cómo los puedo y quiero emplear para conseguir los objetivos planteados. Para eso es necesario un conjunto de capacidades operativas e industriales coherente y equilibrado. En el caso de Afganistán no parece que hayan faltado recursos. Más bien ha fallado la coherencia entre la actuación militar en el terreno con la correspondiente actuación política. Si a esa incoherencia y a la falta de visión política le añadimos desequilibrios en capacidades, los acontecimientos de este verano se podrán repetir en otros escenarios que nos son mucho más próximos.



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