El Gobierno uruguayo confirma al contralmte. José L. Elizondo como comandante en jefe de la Armada

El Gobierno de Uruguay tomó la decisión de ascender a comandante en jefe de la Armada al contralmirante José Luis Elizondo, oficial que —hasta entonces y luego del pase a retiro del almirante Jorge Wilson— estaba a cargo del despacho de comandante en jefe naval. La ceremonia de asunción será el 4 de agosto, en un marco de dudas legales e incomodidad dentro de la Armada.

Según el Gobierno, la decisión —que tardó ocho meses en confirmarse— se demoró porque había ciertos temas internos de la Armada que no permitían tomar la decisión. Entre ellos, se mencionaron la construcción de las OPV en España y una antigua denuncia por el faltante de carne en una repartición naval, algo que en primera instancia no amerita como motivo suficiente para dilatar la designación por tantos meses y dejar a la institución naval acéfala por un extenso período de tiempo.

Si bien el Gobierno había dejado entrever en varias oportunidades que Elizondo era su favorito, la demora en la decisión generó profundo malestar en la Armada, institución que ha sido continua e injustamente atacada desde varios frentes en los últimos años. A esto se suma que, según la gran mayoría de militares y expertos legales consultados, la designación sería ilegal, porque Elizondo pertenece al Cuerpo de Prefectura Nacional Naval, escalafón que la Ley Orgánica de la Armada Nacional vigente no incluye entre los oficiales que pueden ascender a esa jerarquía (únicamente los de Cuerpo General están habilitados).

La Ley Orgánica de la Armada Nacional y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

Al confirmarse el ascenso, una gran sensación de malestar invadió no solamente el entorno naval sino también el político; líderes de varios partidos comunicaron su desacuerdo con el tema y manifestaron que se está violando la ley con este nombramiento. El ascenso ha sido justificado en una ley de carácter general (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) que no especifica particularidades para cada una de las fuerzas, y permitiría que cualquier oficial general pueda acceder a la comandancia de su fuerza. 

Sin embargo, esta ley —pese a ser más reciente— no anula en su redacción a la Ley Orgánica de la Armada, que aún establece quienes son los candidatos factibles de se elegidos y quienes no. De hecho, el Gobierno toma los requisitos de la referida Ley Orgánica de las FFAA de 2019 en modo parcial; la tiene en cuenta para justificar el nombramiento del contralmirante Elizondo, pero no al momento de contemplar que para ser almirante hay que tener el curso de Estado Mayor, y Elizondo no lo tiene

Fuentes consultadas por Infodefensa manifestaron que, más allá de las capacidades personales del contralmirante Elizondo, que nadie las cuestiona, la decisión del Gobierno de ascender a un oficial que desde que comenzó su carrera optó por ser parte del Cuerpo de Prefectura y que sabía que la ley impedía su ascenso, no sólo no recusó su nombramiento sino que presentó un informe manifestando que su ascenso es legal. Esto ha generado una sensible molestia en la fuerza. 

Esta controversial decisión del Gobierno de Uruguay abre un nuevo frente de conflicto político con la oposición. A esto se suma una profunda inestabilidad profesional dentro de la fuerza naval que, pese a sus grandes carencias financieras, ha mantenido su operatividad, custodiando los mares uruguayos y protegiendo sus recursos. 

En un momento donde se debería haber enviado un mensaje claro de mando y apoyo a la fuerza, el Gobierno eligió el camino de la controversia, tanto interna como externa, profundizando la crisis que, se supone, debía resolver.