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La empresa pública Defex, disuelta en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, habría sobornado durante nueve años, entre 2005 y 2014, a altos cargos y funcionarios de Arabia Saudí a cambio de contratos de armamento.  

La Fiscalía Anticorrupción describe, en un escrito de acusación hecho público la semana pasada, una trama corrupta creada en torno a once contratos para la venta repuestos de carros de combate y munición en el periodo citado por un importe de 48 millones de euros. Esta es una de las piezas del caso Defex que afecta también otros contratos en Angola, Egipto o Camerún.  

Solo en esta pieza, la investigación ha identificado pagos en paraísos fiscales (Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Liechtenstein o Suiza) de 100 millones de euros. Cabe destacar que el Ministerio Fiscal detalla que las prácticas corruptas de Defex para obtener los contratos en el país árabe comenzaron antes, en 1990, sin embargo, pone el foco en el periodo que todavía no ha prescrito.

El informe, remitido al juez José de la Mata, solicita condenas de entre 15 y 29 años de prisión para ocho exdirectivos de la compañía: el expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro; los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria, Ángel Larumbe y Fernando Aguilar; y los responsables de empresas intermediarias Álvaro Cervera, Verónica Blanco-Traba, Charles Ques y Paula Alexandra de Oliveira.  

También acusa a cuatro sociedades mercantiles; la propia Defex, Defence Development, Nytel Global y Metapor. Entre los beneficiarios identificados se encuentra el agregado militar en la Embajada de Arabía Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.  

Anticorrupción les acusa de varios delitos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos y falsedad documental hasta blanqueo de capitales y organización criminal. Ademas, pide multas millonarias tanto para las personas físicas como las jurídicas; para Defex, solicita 45 millones de multa y el decomiso de 14 millones y medio. Los acusados, subraya la Fiscalía, se aprovecharon de “la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública Defex”. 

La trama, según el informe, contaba con una serie de empresas pantalla que recibían las comisiones a través de contratos ficticios de prestación de servicios y de consultoría con Defex. El fiscal Conrado Saiz especifica que el porcentaje de las mordidas llegaba al 20% del valor total del contrato público firmado.

El escrito incide en la ausencia de controles internos y de un sistema para evitar fraudes en la contratación. Y resalta: “Defex carecía de cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública, lo que se ponía de manifiesto en su actividad comercial internacional, en la negociación, celebración y aprobación de contratos propios de su actividad comercial con autoridades gubernamentales de los países donde operaba”.  

En el auto de procesamiento, el juez De la Mata señaló el pasado mes de marzo que los directivos de Defex presuntamente computaron como verdaderos gastos los pagos de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí. 

Caso Defex 

Desde el año 2014, la Audiencia Nacional investiga a la compañía participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el desvío de fondos en acuerdos comerciales con Arabia Saudí, Angola, Brasil, Camerún y Egipto. Por el momento, la investigación ha descubierto en las distintas piezas del caso el desvío de 220 millones de euros para pagar mordidas.  

Los escándalos de corrupción en la cúpula de la empresa y el entramado societario diseñado para cobrar comisiones irregulares provocaron que en septiembre de 2017 el Gobierno aprobará la disolución y liquidación de la compañía Defex.