Argentina activa el protocolo de ciberpatrullaje de redes sociales

En el marco de la lucha contra la pandemia del Covid-19, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, finalmente puso en marcha el protocolo de ciberpatrullaje de redes sociales. El ministerio aseguró que tendrá un año de vigencia de acuerdo al plazo de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, ampliada por el decreto firmado el pasado 12 de marzo.

El principal objetivo del protocolo es enfrentar los delitos "que resulten sensibles al desarrollo de la emergencia pública en materia sanitaria”. Entre ellos se encuentran: la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos e insumos sanitarios críticos, como también los ataques informáticos a a hospitales y a centros de salud.

A su vez, se deja establecido que se actuará en caso de encontrar otras conductas delictivas como: la trata de personas, narcotráfico, el lavado de dinero, terrorismo, acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión, grooming de menores, entre otras.

El nombre oficial del protocolo activado a través de la resolución 144/2020 del Ministerio de Seguridad es Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas. En su segundo artículo se limita el ámbito de las tareas de prevención policial a las "fuentes digitales abiertas", a las cuales define como "los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas".

Por último, en el protocolo se deja expresado que estas actividades de ciberpatrullaje quedan fuera del alcance de las áreas de inteligencia del ministerio y de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Cabe recordar que en abril, durante una exposición virtual frente a la Cámara de Diputados, la ministra Frederic había generado polémica al hablar de "humor social". Como informó Infodefensa.com por aquel entonces, algunos medios y sectores del arco político opositor sintieron que el ciberpatrullaje de redes sociales atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos.