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Malestar en Perú ante la decisión de España de suspender la venta de material antidisturbios
El ministro del Interior del Perú, Vicente Romero, ha confirmado que el Gobierno de España ha decidido suspender las ventas de materiales lacrimógenos para su uso por parte de la Policía Nacional (PNP). Romero hizo pública la negativa española durante una actividad oficial, desarrollada en la región de Lambayeque, en conjunto con la presidenta, Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros.
"España ha decidido no vender material lacrimógeno a la Policía Nacional, respetable (decisión) por cierto, pero quiero remarcar lo siguiente: Nosotros vivimos en un país en un Estado de Derecho, un país que vive en democracia", sostuvo el ministro.
El cese del suministro de material antidisturbios a Perú, comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, era un reclamo de distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, que señalan a la represión policial como la supuesta culpable del más medio centenar de muertos con el que se han salado las protestas iniciadas desde el arresto del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, Romero afirmó que el Ministerio Público está haciendo todas las investigaciones correspondientes para determinar las causas de esas muertes y aseguró que, como "hasta el momento no hay resultados", actualmente todo son presunciones y especulaciones. "De manera que, si nos ha cerrado las puertas España, tocaremos otras puertas", concluyó el ministro peruano.
Degradación de la confianza en España
Las palabras del ministro del Interior evidencian la rápida degradación de la confianza en España como proveedor de la Policía Nacional del Perú, desconfianza que se corre el riesgo de que pueda extenderse al sector Defensa.
De acuerdo a la propia Amnistía Internacional, España emitió entre 2017 y junio de 2022 autorizaciones de licencias de armas letales y no letales en beneficio del Perú por valores cercanos a los 184 millones de euros, entre equipos policiales y militares, de los que 40 millones de euros corresponden a materiales antidisturbios.
