ATME reclama una vez más al Gobierno que la profesión militar sea reconocida como actividad de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado en un comunicado su profunda decepción ante la reciente publicación del Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores, sin incluir al personal militar entre los colectivos beneficiados. 

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, responde a una sentencia del Tribunal Supremo promovida por sindicatos policiales, que reconocía el derecho de los agentes de la Policía Nacional a acogerse a este modelo ya aplicado en otras fuerzas policiales autonómicas y locales.

Pese a celebrar este avance en materia de justicia laboral para los cuerpos de seguridad del Estado, ATME ha lamentado que los militares de clases pasivas hayan quedado una vez más excluidos de la aplicación de estos coeficientes correctores. En un comunicado hecho público tras la entrada en vigor del decreto, la asociación denuncia que se mantiene la negativa del Gobierno a reconocer la profesión militar como una actividad de riesgo, a pesar de los numerosos accidentes y bajas registrados en el desempeño del servicio.

ATME recuerda que esta exclusión contraviene el mandato parlamentario emitido el pasado 26 de febrero, cuando la Comisión de Defensa del Congreso aprobó una proposición no de ley instando al Ejecutivo a reconocer la profesión militar como de riesgo. “¿Por qué se ignora la voluntad del Parlamento?”, se pregunta la asociación, que califica de “incomprensible” la actitud del Ministerio de Defensa ante una reivindicación que considera legítima, justa y largamente postergada.

“El colectivo militar es uno de los más expuestos a situaciones de peligro en actos derivados del servicio, y sin embargo seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda en materia de derechos laborales”, denuncia ATME. Para la asociación, resulta incongruente que desde las instituciones se reconozca públicamente el esfuerzo y la labor de las Fuerzas Armadas, mientras en la práctica se les excluye de beneficios reconocidos a otros servidores públicos.

En este sentido, ATME ha señalado la diferencia de actitud entre los militares y otros colectivos uniformados como la Policía Nacional o la Guardia Civil, que han conseguido avances en derechos laborales gracias a movilizaciones y acciones organizadas. “Muchos militares siguen esperando que alguien resuelva sus problemas profesionales y retributivos”, lamenta la asociación, subrayando que esta pasividad perjudica la consecución de mejoras indispensables para la profesión.

La organización insiste en que continuará su labor de reivindicación para que el Gobierno reconozca oficialmente la condición de riesgo de la profesión militar y, en consecuencia, aplique los coeficientes reductores que permitan una jubilación anticipada digna y acorde al nivel de exigencia y exposición de los militares.

ATME critica también que algunos representantes del actual Gobierno hayan argumentado la necesidad de reformar la Ley de Clases Pasivas del Estado como pretexto para posponer esta medida, que ya ha sido debatida y respaldada en el Congreso. Para la asociación, este tipo de respuestas no hace sino perpetuar una “situación de discriminación” que, aseguran, debe ser corregida sin más dilaciones.

La asociación finaliza su comunicado reiterando su compromiso con la defensa de los intereses del personal militar y subraya que “no cejará en su empeño” hasta lograr el reconocimiento pleno de los derechos laborales y sociales que merecen los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas.