Instrumentos europeos de financiación para el sector de la defensa

Como es de sobra conocido, el pasado 22 de abril, el Gobierno presentó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, cuyos fundamentos técnicos y presupuestarios ahora deben ser evaluados por la OTAN y la Unión Europea.

El Plan pretende ser la pieza clave para completar el puzle del gasto en seguridad y defensa, de tal manera que España pueda pasar del 1,4% al objetivo comprometido del 2% del PIB. Veremos si convence a nuestros socios… Por el momento lo que se pregunta el sector es: ¿qué porcentaje de los 10.471 millones llegará a la industria? Y es que, quitando los 31 nuevos Programas Especiales de Modernización -de los que se espera una movilización de 3.807 millones de euros en su primer año de funcionamiento-, difícilmente veremos algo más que las cifras sobre el papel.

Es cierto que Rutte continúa presionando y no es descartable que en la próxima cumbre de la OTAN en La Haya, el 5% se asuma como nuevo compromiso por parte de los aliados. Pero, de nuevo, sin Presupuestos Generales del Estado y con una aritmética parlamentaria tan complicada como la actual, parece poco probable que veamos un espaldarazo real y sostenido a nuestra industria. 

Miremos pues a Europa, porque allí la apuesta es clara.

El Libro Blanco sobre la Defensa Europea permite anticipar un volumen no desdeñable de recursos para la financiación del sector (teóricamente más de 800.000 millones de euros hasta 2030). Ciertamente, 650.000 millones derivan del eventual incremento de gasto de los Estados miembro, amparado en la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y 150.000 del nuevo instrumento SAFE, para financiar compras conjuntas. Por tanto, en el caso de España, con una deuda pública que supera el 100 % del PIB, será necesario evaluar con rigor si resulta sostenible y estratégicamente conveniente realizar este esfuerzo financiero.

Pero es que el Libro Blanco va más allá. 

En primer lugar, la Comisión se compromete a flexibilizar los fondos de la Política de Cohesión. Concretamente, la Comisión plantea la creación de dos nuevos objetivos específicos dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) relacionados con la defensa y la seguridad: uno para el refuerzo de las capacidades productivas de las empresas del sector y otro para la construcción de infraestructuras resilientes de defensa o de doble uso, con el fin de fomentar la movilidad militar en la UE. Además, para incentivar esta reasignación de recursos, se prevé un incremento de la prefinanciación de hasta el 30% en 2026 y una tasa de cofinanciación del 100%.

En el periodo 2021-2027, España tiene asignados un total de 23.397 millones de euros del Feder, distribuidos en 20 programas (19 autonómicos y uno nacional). Por tanto, las decisiones que se tomen a nivel autonómico acerca de las posibles reasignaciones de recursos al sector de la defensa y seguridad pueden ser muy relevantes para apoyar la consolidación de sus industrias. Resultaría extraño que algunas regiones que parecen apostar fuerte por esta opción no aprovecharan esta oportunidad. Y también resultaría llamativo que el Ministerio de Hacienda, como coordinador del programa plurirregional -que aglutina más de la mitad de la dotación total-, no lo utilizara para financiar una parte del compromiso con nuestros aliados de la OTAN.

Otra novedad destacable es la propuesta de modificación del Reglamento STEP para incorporar la defensa como sector estratégico, más allá de los tres actuales (tecnologías digitales y de vanguardia, tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, y biotecnologías). Esto implicaría, por ejemplo, que los proyectos españoles que resultaran beneficiarios del Fondo Europeo de Defensa (y por tanto del sello STEP o Sello de Soberanía) podrían optar a financiación acumulada en el marco del Feder. Para poder activar en la práctica estas facilidades se requieren, no obstante, acciones concretas por parte de las autoridades de los programas Feder, al menos de dos tipos: 1) prever expresamente la reserva de recursos para estos fines mediante una reprogramación y 2) instrumentar los mecanismos oportunos para la selección directa de los proyectos marcados con el sello (por ejemplo, mediante una convocatoria específica no competitiva).

También en el marco del Libro Blanco, el Banco Europeo de Inversiones ha anunciado que en 2025 destinará al menos 2.000 millones de euros en proyectos del ámbito de la defensa y seguridad, eliminando además cualquier exigencia de uso dual. Ello unido a la firme intención de la Comisión de promover la movilización de capital privado hacia el sector, constituirá otra fuente importante de financiación potencial para nuestro tejido productivo.

Por último, la Comisión se compromete asimismo a explorar posibles fuentes adicionales de financiación europea para la defensa. Hoy por hoy, el fondo específico más relevante es sin duda el Fondo Europeo de Defensa (EDF), que en  el conjunto del periodo 2021-2027 invertirá hasta 8.000 millones de euros en actividades de investigación y desarrollo colaborativo para el refuerzo de la base industrial y tecnológica de la defensa europea (Edtib). Igualmente, en los próximos meses se espera la aprobación del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), con una dotación de 1.500 millones para el periodo 2025-2027, y no tan centrado en I+D como en producción y despliegue, con el fin de reforzar la capacidad industrial y de suministro de manera inmediata. Finalmente, en julio de este año la Comisión Europea tiene previsto presentar su propuesta formal para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2035, donde cabe esperar una apuesta clara por la defensa, seguramente en el marco de un nuevo gran Fondo Europeo de Competitividad.

Hace tan solo unos días comentaba Carlos Calvo a través de una tribuna en este medio que los resultados de la convocatoria 2024 del EDF dejan entrever una pérdida de peso en la participación de las entidades españolas. Es indudable que ha habido un incremento de la competencia que se observa claramente en el número de propuestas recibidas a lo largo de los años: de las 142 del año 2021 hemos pasado a 297 en el 2024.

El caso español ha sido considerado hasta ahora un caso de éxito dentro del EDF, en parte gracias al papel facilitador que ha venido ejerciendo el Ministerio de Defensa. Pero el incremento de la competencia requiere dar el do de pecho. Todavía hay multitud de actores en el sector -e incluso potenciales entrantes- que, o bien no conocen el fondo, o bien no han sabido cómo llegar a él, o bien no han conseguido presentar propuestas exitosas. Y en este sentido, todavía hay un camino por recorrer.

Indudablemente la apuesta de Europa es avanzar hacia una desatomización de la industria, que nos permita ser competitivos como gran actor en el tablero mundial, así lo recoge claramente la Estrategia Industrial Europea de Defensa (EDIS). La industria española debe apostar en la misma dirección: internacionalización, grandes consorcios y proyectos de impacto. Participar en el EDF, ya sea con éxito o sin él, es sin duda una forma de entrenamiento que permite acelerar este proceso y que nos ayudará a estar mejor preparados para el acceso a los nuevos instrumentos de financiación europeos que vendrán.